En Lepaguare, Olancho, la presidenta Xiomara Castro dirigió una reunión del Consejo de Ministros en la que cada gerente, director y ministro presentó los logros alcanzados durante el período de gobierno, además de someter a consideración la nueva ampliación del Estado de Excepción, en medio de una creciente ola de violencia en el país.

Luego de finalizar la reunión, comparecieron ante los medios de comunicación la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna; el ministro del Trabajo, Wilmer Fernández; el vicecanciller Gerardo Torres y el director de Aduanas, Fausto Cálix.

Cerna informó que “los diferentes ministros, gerentes y directores que rectoran las instituciones del Estado nos han presentado los logros de la gestión”, y confirmó que el pleno del Consejo de Ministros aprobó extender el Estado de Excepción, el cual estaba próximo a vencer. La funcionaria explicó que la decisión fue tomada tras ser sometida a consideración del Consejo durante la agenda oficial de la sesión.

¿Por qué se aplicó un Estado de Excepción?

El estado de excepción parcial en Honduras fue implementado el 6 de diciembre de 2022 como una medida extraordinaria para enfrentar la violencia criminal, principalmente la extorsión, el narcotráfico y la actividad de maras y pandillas como la MS-13 y el Barrio 18.

La disposición suspende seis garantías constitucionales, entre ellas la libertad de circulación y reunión, y se aplica en cerca del 50 % de los municipios del país, situación que ha generado reiteradas críticas de organismos defensores de derechos humanos por su prolongación en el tiempo.

Desde su instauración, la medida ha sido renovada de forma continua y, con la última ampliación, se aproxima a las 30 extensiones, según han señalado sectores críticos.

¿Cuándo vence el actual?

Con la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, el Estado de Excepción fue ampliado hasta el 26 de enero de 2026, es decir, un día antes de que las nuevas autoridades asuman el poder para el período 2026-2030.

El gobierno sostiene que la continuidad de esta medida es necesaria para garantizar la seguridad y el orden público, especialmente en un contexto marcado por la violencia y el proceso electoral.

Cuestionamientos

La nueva ampliación ha sido duramente cuestionada por especialistas y sectores legales. El abogado Jaime Rodríguez calificó la medida como un “estado de decepción” y aseguró que el Consejo de Ministros estaría excediendo sus facultades, al tratarse —según dijo— de una atribución exclusiva del Congreso Nacional.

Desde la sociedad civil también surgieron críticas. Julio Moncada, representante de este sector, señaló que la prolongación de los estados de excepción desde 2022 ha derivado en múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos, al mantenerse suspendidas garantías constitucionales por un período prolongado.

Organismos nacionales e internacionales advierten que la permanencia de esta medida en el tiempo erosiona libertades fundamentales, alimentando el debate sobre su impacto real en la democracia y el respeto al Estado de Derecho en Honduras.

Tres visiones jurídicas mantienen en suspenso el futuro del estado de excepción en Honduras