Tres visiones jurídicas mantienen en suspenso el futuro del estado de excepción en Honduras
El futuro del estado de excepción en Honduras quedó en manos del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala Constitucional no alcanzó la unanimidad requerida para resolver el amparo interpuesto contra el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, que prorrogó la medida en medio del proceso electoral.
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Tres votos por suspender la medida
Los magistrados Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo Hernández y Francisca Villela Zavala respaldaron suspender totalmente el estado de excepción mientras se analiza el fondo del caso.
Argumentaron que no puede mantenerse una restricción a derechos fundamentales sin una justificación estricta y plenamente acreditada.
Bajo este criterio, las garantías constitucionales deben prevalecer y la medida excepcional debe quedar en pausa para evitar perjuicios a la ciudadanía en plena campaña electoral.
Un voto por limitar los efectos
El magistrado Wagner Vallecillo se inclinó por una suspensión parcial, aplicable únicamente al recurrente el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano.
Su postura sostiene que, al no existir representación colectiva en el recurso, los efectos del amparo no pueden extenderse al resto de la población.
La magistrada Sonia Marlina Dubón, vinculada políticamente al partido Libertad y Refundación (Libre), consideró que el recurso carece de fundamento suficiente.
Señaló que el recurrente solo enunció derechos presuntamente afectados, sin demostrar un daño concreto, inminente y reparable.
La doctrina constitucional coincide en que no basta alegar un perjuicio; debe probarse con argumentos jurídicos sólidos para justificar la urgencia del amparo.
El trasfondo del recurso
El presidente del CAH, Gustavo Solórzano, presentó el amparo en defensa de los derechos constitucionales que, según afirmó, se ven limitados por la prórroga del estado de excepción.
Entre ellos mencionó la libertad de expresión, el derecho a la defensa y el debido proceso.
Todo esto ocurre a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre, lo que podría impactar en la participación y el escrutinio público.
La decisión final de la CSJ marcará un precedente sobre el equilibrio entre seguridad y libertades ciudadanas en un contexto electoral.
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