El Congreso Nacional de Honduras dio luz verde la noche del miércoles (18/02/26) a una partida especial de ocho millones de lempiras destinada a financiar el traslado aéreo de pacientes desde regiones apartadas del país hacia centros hospitalarios con mayor capacidad de atención.

La medida busca garantizar evacuaciones médicas oportunas y evitar desenlaces fatales provocados por la falta de transporte en situaciones críticas. Los fondos serán transferidos de manera directa a la Fuerza Aérea Hondureña, con el objetivo de agilizar su ejecución y evitar trámites administrativos que puedan retrasar las misiones.

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La iniciativa fue presentada por la diputada liberal Erika Urtecho, quien subrayó que en ocasiones anteriores los recursos fueron canalizados a través de la Secretaría de Salud, lo que generó demoras que impactaron negativamente en la operatividad de los traslados. Según expuso, la nueva modalidad permitirá disponer del presupuesto sin intermediarios, garantizando combustible y logística para las aeronaves encargadas de estas labores.

Durante el debate, se recordó el caso reciente de una joven de 27 años en el departamento de Islas de la Bahía que no pudo ser trasladada a tiempo debido a limitaciones operativas, situación que encendió las alertas sobre la necesidad de asegurar fondos permanentes para emergencias médicas en zonas insulares y rurales.

Además de cubrir evacuaciones de pacientes en estado crítico, el decreto contempla el uso de las aeronaves para el traslado de personas fallecidas hacia sus lugares de origen, facilitando que sus familias puedan darles sepultura en sus comunidades.

En la misma jornada, el pleno legislativo aprobó también la asignación anual y permanente de tres millones de lempiras al Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol). El decreto ordena a la Secretaría de Finanzas incorporar estos recursos en el presupuesto nacional para fortalecer la atención a personas con necesidades de rehabilitación en ese departamento.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, defendió ambas decisiones al señalar que el Congreso Nacional tiene el deber de respaldar iniciativas sociales que suplen carencias históricas en el sistema público de salud.

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Con estas disposiciones, los diputados aseguran que se avanza en brindar respuestas concretas a comunidades que, por su ubicación geográfica o limitaciones económicas, enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios médicos especializados.