El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició en las últimas horas nueve auditorías municipales como parte de su plan operativo anual, que contempla la revisión de al menos 60 alcaldías durante el presente año. Así lo confirmó el portavoz de la institución, Rodolfo Isaula, quien detalló que las comisiones ya fueron desplazadas a distintas regiones del país.

“En efecto, el Tribunal Superior de Cuentas inicia en estas últimas horas nueve auditorías; ya las comisiones fueron desplazadas a fin de verificar cómo se han manejado los recursos en ellas asignados”, explicó.

Revisarán ingresos, deudas y posibles irregularidades

Según Isaula, se trata de auditorías integrales en las que se evaluará el manejo de ingresos, liquidaciones presupuestarias, deudas municipales e incluso la existencia de demandas o embargos.

“Se revisa todo lo que respecta a los ingresos, las liquidaciones presupuestarias, cómo se ha manejado la deuda, si tienen demandas y de qué tipo”, detalló.

Las auditorías en curso corresponden a las municipalidades de La Ceiba (Atlántida), Trujillo (Colón), Marcala (La Paz), San Marcos y Santa Rita (Santa Bárbara), Villa de San Antonio (Comayagua), Oropolí (El Paraíso), así como unidades desconcentradas de Danlí. Además, se realizó una visita a la alcaldía de El Corpus, Choluteca, tras una denuncia puntual sobre supuestas irregularidades en pago de planillas y un embargo.

Informes públicos y posibles responsabilidades

El portavoz señaló que, una vez concluyan las auditorías, se emitirá un informe público donde se detallarán los hallazgos encontrados, recomendaciones y posibles responsabilidades.

“Una vez que concluyan, se emitirá el informe correspondiente en el cual se anunciarán los hallazgos, las recomendaciones y se notificarán responsabilidades, sean estas de tipo civil, penal o administrativo en caso de que existiesen”, afirmó Isaula.

Sobre la posibilidad de que algunas alcaldías presenten embargos, indicó que esa información será determinada por las comisiones auditoras durante el proceso de revisión.

Los resultados finales serán notificados oficialmente y estarán disponibles para conocimiento de la población.

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Al menos 76 alcaldías enfrentan demandas y embargos en Honduras ¿cuáles son?

Un total de 76 municipalidades de Honduras ya enfrentan demandas en ejecución y procesos de embargo, una situación que amenaza con paralizar la operatividad de varios gobiernos locales, especialmente los de menores ingresos.

El vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y alcalde de Nahún Cálix advirtió que esta problemática impacta de forma directa las finanzas municipales y, en consecuencia, el desarrollo de los territorios.

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“El escenario es preocupante porque afecta fuertemente las finanzas y limita la inversión en obras y servicios para la población”, expresó el edil al referirse a la magnitud del problema.

Demandas laborales, la principal causa

Según explicó, la mayoría de los procesos judiciales responden a conflictos laborales que surgen tras los cambios de administración municipal. Con cada transición de gobierno local, muchos alcaldes salientes despiden personal, mientras que las nuevas autoridades también realizan reestructuraciones sin evaluar la capacidad financiera para asumir las indemnizaciones.

Estas decisiones derivan en demandas por parte de empleados que reclaman sus derechos laborales. Cuando las alcaldías no cumplen con los pagos correspondientes, los tribunales ordenan embargos que recaen directamente sobre las transferencias estatales.

El problema se agrava en municipios categorías C y D, que carecen de ingresos propios y dependen casi exclusivamente de las transferencias del Gobierno Central. Si esos fondos resultan embargados, la municipalidad queda prácticamente inoperante.

Llamado al Congreso y al Ejecutivo

Ante este panorama, la AMHON instó al presidente de la República y al Congreso Nacional a incluir un capítulo específico para las municipalidades dentro del decreto de emergencia fiscal que actualmente se discute.

Las autoridades municipales consideran urgente crear un marco legal que permita enfrentar la crisis sin detener proyectos comunitarios ni servicios esenciales.

Millonarias cifras en juego

Aunque no existe un cálculo global consolidado, las cifras en algunos municipios reflejan la gravedad del problema. En Choluteca, las demandas rondan los 800 millones de lempiras; en El Corpus ascienden a unos 63 millones; y en La Paz superan los 15 millones, según datos preliminares.

El vicepresidente de la AMHON también señaló que el Tribunal Superior de Cuentas debe investigar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales en aquellos casos donde no se realizó un adecuado proceso de transición y rendición de cuentas.

Mientras avanzan las acciones legales, las municipalidades afectadas enfrentan una creciente presión financiera que podría frenar el desarrollo local si no se aprueban medidas de alivio en el corto plazo.