El Congreso Nacional de Honduras sigue sin sesionar, lo que ha generado una fuerte ola de críticas por parte de la ciudadanía y diversos sectores sociales.

Mientras las autoridades aseguran que se trata de trabajos de reparación en las instalaciones, la percepción pública apunta a una parálisis legislativa que se mezcla con señalamientos por corrupción y opacidad en el manejo de fondos públicos.

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Desde hace dos semanas, técnicos especializados trabajan en la rehabilitación de oficinas del Congreso, según informó la administración de Luis Redondo. En ese marco, se otorgó asueto al personal administrativo del 2 al 4 de julio. No obstante, la suspensión de actividades ha desatado indignación entre los hondureños, quienes cuestionan la utilidad de una institución que absorbe cuantiosos recursos sin ofrecer resultados tangibles para la población.

Analistas y organizaciones civiles han calificado esta pausa como un síntoma de la baja productividad del Legislativo, uno de los menos eficaces del continente, según informes recientes. La molestia crece especialmente en el contexto del escándalo que involucra a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde supuestamente diputados habrían gestionado subvenciones disfrazadas de ayudas sociales, reviviendo viejas prácticas que ya habían sido denunciadas en administraciones anteriores.

En respuesta a las acusaciones, el presidente del Congreso, Luis Redondo, defendió el actual mecanismo de subvenciones, asegurando que no implica manejo directo de dinero por parte de los diputados. Detalló que 220 congresistas de todas las bancadas han gestionado ayudas desde 2022, bajo lo establecido en el artículo 349 del presupuesto nacional.

Redondo también anunció que solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) una auditoría exhaustiva de todos los proyectos ejecutados con dichos fondos. Además, aseguró que cualquier congresista señalado deberá renunciar sin contemplaciones. Sobre el caso de la diputada Isis Cuéllar, recientemente implicada, indicó que se le concedió permiso para esclarecer su situación ante los entes de investigación.

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Pese a estas declaraciones, persisten los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en las gestiones del Legislativo. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció que entre 2022 y 2024 no se ha aclarado el destino de más de 824 millones de lempiras. El Congreso Nacional, por su parte, desestima estas denuncias y alega que provienen de sectores que perdieron privilegios con los cambios legislativos recientes.