Comisión liquidadora denuncia millonarios contratos, gastos sin control y hasta sistema de espionaje en el gobierno anterior
La gestión de fondos públicos vuelve a estar bajo la lupa. Más de mil millones de lempiras anuales, contratos sin auditoría y gastos cuestionados han encendido las alarmas sobre el manejo de recursos en la Secretaría de Planificación. Las recientes revelaciones no solo generan preocupación, sino que abren el debate sobre la transparencia y el control del dinero estatal en Honduras.
En este contexto, el presidente de la comisión liquidadora, Leonel Núñez, expuso hallazgos que plantean serias dudas sobre cómo se administraron estos fondos durante la gestión anterior. ¿Se trató de una reorientación estratégica o de posibles irregularidades? Aquí te explicamos lo que se sabe.
Manejo de millones: convenios bajo cuestionamiento
Uno de los puntos clave gira en torno a un convenio que implicó la asignación de fuertes sumas de dinero:
- 35 millones de lempiras para INPREMA
- 35 millones para INJUPEMP
- 105 millones destinados a Planificación Estratégica
Estos recursos fueron administrados por una organización internacional que, según lo señalado, contrató personal extranjero, incluyendo médicos cubanos, docentes y asesores venezolanos.
Sin embargo, surgen interrogantes importantes:
- ¿Por qué el Estado no manejó directamente estos fondos?
- ¿Cuál fue el impacto real de estas contrataciones?
- ¿Se cumplieron los objetivos en salud y educación?
Núñez insiste en que estos fondos deben ser auditados, ya que aún no está claro cómo se distribuyeron ni si generaron resultados concretos.
Denuncian supuesto sistema de espionaje interno
Entre los hallazgos más polémicos destaca la existencia de un presunto sistema de monitoreo o espionaje dentro de la institución.
Según lo revelado, el mecanismo funcionaba mediante palabras clave:
- Al escribir un nombre específico, la información era enviada automáticamente a un servidor
- Permitía identificar quién utilizaba ciertos términos
Además, se mencionó la operación de call centers financiados con fondos públicos, lo que aumenta las dudas sobre el uso real de los recursos asignados.
Gastos excesivos y sin respaldo
Otro de los puntos que genera controversia son los pagos elevados en alimentos, especialmente durante diciembre.
Entre los datos expuestos destacan:
- 175 desayunos y 175 cenas en un solo día
- Más de 230 mil lempiras gastados en alimentos
- Ausencia de documentación que justifique el gasto
No existen registros claros que indiquen si estos alimentos fueron utilizados en eventos, donaciones o actividades institucionales, lo que refuerza la preocupación por la falta de control.
Contratos sin auditoría y pagos elevados
La comisión también identificó una gran cantidad de contratos por servicios profesionales, algunos con cifras que llaman la atención:
- Contratos desde 27 mil lempiras mensuales
- Pagos que alcanzan hasta 598 mil lempiras por un mes
- Contrataciones sin procesos claros de auditoría previa
Además, se detectó una lista extensa de contrataciones, incluyendo perfiles que no necesariamente correspondían con las funciones asignadas.
Falta de auditoría interna y control institucional
Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia total de auditoría interna dentro de la institución.
Según lo señalado:
- No existía auditor interno
- No había mecanismos de transparencia efectivos
- No se realizaban controles sistemáticos del gasto
Esto deja en evidencia un entorno con alto riesgo de manejo inadecuado de fondos públicos.
La lupa ahora está sobre las investigaciones
Con estos señalamientos, el caso pasa ahora a manos del Tribunal Superior de Cuentas, que deberá determinar si existieron responsabilidades administrativas o legales.
La situación plantea una pregunta clave: ¿cómo garantizar que los recursos públicos realmente beneficien a la población?









