El Congreso Nacional de Honduras avanza en la preparación de un nuevo caso contra actuales y exdiputados involucrados en la aprobación del polémico Código Penal, conocido como el «Código de la Impunidad» que remitirían al Ministerio Público (MP).

Según la presidenta de la Comisión Especial que analiza esta normativa, Silvia Ayala, se han identificado malas prácticas y posibles intereses ocultos que motivaron su elaboración y entrada en vigencia.

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Ayala detalló que la investigación apunta a varios diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo miembros de la Comisión de Dictamen y de la Junta Directiva del Congreso en el periodo en que se discutió y aprobó el código.

«Obviamente quienes llevan mayor responsabilidad, quienes estuvieron como parte de la Junta Directiva del Congreso al momento que se dio todo este proceso», afirmó.

Sin embargo, los nacionalistas defienden la legitimidad del procedimiento legislativo. Eder Mejía, diputado del Partido Nacional, sostuvo que la aprobación del Código Penal se realizó conforme a las facultades legislativas y aseguró que algunos legisladores actuales actúan más como «agentes de investigación» que como representantes del pueblo.

«La función legislativa está protegida por el fuero legislativo», señaló.

Por su parte, el abogado Hermes Ramírez calificó estas acciones como parte de un «populismo penal», señalando que el tema es utilizado con fines políticos de cara a la próxima campaña electoral.

«Es normal de que estos temas de populismo penal se lleven a la palestra pública, no solamente desde el enfoque político electoral, sino que también para tratar de cubrir algún tipo de necesidad que hay de la población», añadió.

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Con la nueva investigación, se abre un nuevo capítulo en este polémico tema, que podría tener repercusiones tanto legales como políticas en un año preelectoral.