Una serie de denuncias por abusos físicos contra varios privados de libertad ha generado alarma entre los familiares de las víctimas, quienes aseguran que estos incidentes habrían sido perpetrados por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario.
Ante la gravedad de la situación, los directores de los centros penitenciarios, junto con jueces de sentencia y de ejecución, se han comprometido a dar un trato prioritario a estas denuncias, que afectan gravemente los derechos humanos de los reos.
Los apoderados legales de los afectados exigen una pronta resolución y que estos actos de violencia no se repitan, advirtiendo sobre las posibles consecuencias, incluso a nivel internacional, si se confirman los abusos.
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En este contexto, las autoridades del sistema penitenciario han asegurado que cualquier responsable será sometido a las instancias correspondientes, sin dudar en remitir los casos al Ministerio Público (MP) para que se tomen las acciones legales pertinentes.
Mira el informe completo aquí:
Lea También: ¿Abuso de poder? | Nuevo conflicto entre privados de libertad y militares en Támara deja heridosA través de un comunicado, las máximas autoridades del sistema carcelario han garantizado que se pondrán todos los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente.
Esto con el fin de esclarecer los hechos y evitar futuros incidentes que vulneren la dignidad de los internos.
¿Abuso de poder en Támara?
Un violento enfrentamiento entre internos y miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) que tuvo lugar el pasado 11 de noviembre en la cárcel de máxima seguridad de Támara, continúan dejando reacciones.
El incidente ocurrió cuando las autoridades se dirigieron al módulo de segregación para controlar una situación conflictiva, utilizando bombas lacrimógenas.
En respuesta, los reos arrancaron los portones del módulo, desatando un enfrentamiento en el que varios internos resultaron heridos.
La defensa de uno de los reos heridos denunció un supuesto abuso de poder por parte de los agentes de seguridad.
Según su versión, la actuación de la policía fue desproporcionada y violó los derechos de los privados de libertad.
