La audiencia para sentenciar al exfuncionario hondureño Francisco Cosenza en Estados Unidos volvió a posponerse, esta vez para el 5 de mayo de 2026 a las 4:30 p.m. (hora local), según informó el tribunal encargado del caso.

La decisión surge tras una corrección en el expediente relacionada con una moción de aplazamiento, que estableció la nueva fecha para la lectura del fallo.

Retrasos por motivos de salud

El proceso ha sufrido múltiples reprogramaciones, muchas vinculadas a problemas médicos del imputado. Cosenza sufrió recientemente una caída asociada a padecimientos renales, y anteriormente tuvo un derrame cerebral, lo que requirió estudios especializados.

Estas condiciones obligaron a la defensa a solicitar prórrogas, argumentando la necesidad de evaluaciones neuropsicológicas y atención médica constante.

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Historial de aplazamientos

La primera audiencia estaba prevista para el 31 de octubre de 2025, pero se trasladó al 18 de noviembre del mismo año. Posteriormente, la defensa pidió más aplazamientos, y en diciembre de 2025 se fijó la fecha para febrero de 2026.

Más adelante, la audiencia se programó para el 18 de marzo, pero debió suspenderse nuevamente tras su hospitalización por una caída reciente.

Este patrón de reprogramaciones refleja la complejidad del caso y las condiciones de salud de Cosenza.

Orígenes del caso y acusaciones

Cosenza fue extraditado desde Honduras en abril de 2024, tras su captura en Tegucigalpa, para responder ante la justicia estadounidense por su presunta participación en una red de corrupción.

La investigación se centra en el manejo de recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, programa destinado a financiar equipamiento policial y militar, pero que presentó irregularidades en la adjudicación de contratos.

Próxima definición de la pena

Tras declararse culpable de cargos de lavado de activos y sobornos, Cosenza ya no enfrentará juicio. La audiencia pendiente definirá la pena definitiva, que podría alcanzar hasta 10 años de prisión, según la Fiscalía de Estados Unidos.

Este proceso marca un paso clave en la búsqueda de justicia en casos de corrupción internacional vinculada a Honduras, mientras los retrasos médicos continúan generando expectativa sobre la resolución final.

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