Una propuesta de ley que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos ha encendido alarmas entre comunidades migrantes y gobiernos latinoamericanos.

Actualmente en debate en la Cámara de Representantes, la medida podría impactar directamente a más de 40 millones de personas, incluidos tanto migrantes indocumentados como residentes legales.

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Para millones de familias en América Latina, las remesas no son un lujo, sino una necesidad. Hondureños residentes en Florida desde hace más de tres décadas, describe con angustia el posible impacto en su economía familiar.

“Yo envío dinero para mis hijas y mi hermano enfermo. Si nos imponen este impuesto, no sé cómo podré seguir ayudando”. 

Es importante mencionar que, en países como México, Honduras y El Salvador, las remesas representan una fuente esencial de ingresos. Según el Banco Mundial, México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo, y en Honduras estas representan el 27% del Producto Interno Bruto (PIB).

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En México se estima que el envío de 350 dólares desde EE.UU. podría pasar de tener un costo de 6 dólares a más de 23,5 dólares, si se suma este nuevo gravamen a los ya existentes.

Reacciones políticas y diplomáticas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha denunciado públicamente que la medida violaría el tratado bilateral de 1994 que evita la doble tributación entre ambas naciones. En Honduras, el presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, Juan Flores, llamó a la mandataria Xiomara Castro a pronunciarse con firmeza contra la propuesta. “Nuestros migrantes envían más de 8.000 millones de dólares al año. No recibimos ni apoyo ni reciprocidad, y ahora quieren castigarnos”, dijo.

Estados Unidos, que alberga a la mayor población migrante del mundo, es también la principal fuente global de remesas, generando cerca del 25% del total mundial.

Sin embargo, la propuesta, impulsada por legisladores del Partido Republicano, cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien ha presionado para que la ley sea aprobada antes de julio. Defensores del proyecto alegan que el impuesto busca generar ingresos para reforzar la seguridad fronteriza y desalentar la migración irregular.

Mientras, las críticas crecen dentro y fuera del país. Organizaciones de derechos migrantes, economistas y líderes regionales advierten que la medida podría empujar a millones a canales informales de envío, aumentar la pobreza en América Latina y dañar las relaciones diplomáticas.