La reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos en Estados Unidos ha encendido las alarmas en otros países que aún cuentan con este beneficio, especialmente Honduras, cuyo TPS vence el próximo 5 de julio.

La decisión judicial que permitió al gobierno del presidente Donald Trump cancelar el TPS para Venezuela ha generado incertidumbre sobre el futuro de los aproximadamente 60 mil hondureños amparados bajo este programa.

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En entrevista con el Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el licenciado César Castillo explicó que, aunque el TPS hondureño aún está vigente, no se ha emitido ninguna resolución oficial por parte del gobierno estadounidense sobre su renovación o cancelación. Esta falta de definición deja en un limbo legal a miles de familias.

“Si no se amplía el TPS, se pondría en riesgo la permanencia legal de más de 55 mil hondureños en Estados Unidos, lo cual podría provocar una crisis de desintegración familiar”, advirtió Castillo.

Explicó que muchos beneficiarios tienen hijos nacidos en Estados Unidos o familiares con ciudadanía, por lo que su deportación no solo afectaría a quienes perderían el permiso de trabajo, sino también a sus núcleos familiares.

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Castillo enfatizó la necesidad de que el gobierno hondureño refuerce sus gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para asegurar una ampliación del TPS y proteger así los derechos y la estabilidad de miles de familias.