Las autoridades migratorias de Estados Unidos llevaron a cabo una redada en una empresa ubicada en Pass Christian, Mississippi, donde fueron detenidos varios migrantes, entre ellos ciudadanos hondureños.

El operativo estuvo a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Patrulla Fronteriza y la Administración de Control de Drogas (DEA).

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Según el comunicado oficial, el operativo fue parte de una inspección de rutina para verificar la documentación laboral de los empleados de la planta de cemento. Durante la revisión, se identificó a varios trabajadores sin autorización para laborar en el país, incluyendo a un menor de 16 años de origen mexicano. Este fue puesto bajo custodia temporal antes de ser remitido a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

En total, las autoridades detuvieron a 18 personas provenientes de México, Guatemala y Honduras. De estos, solo dos lograron comprobar su estatus legal y fueron liberados tras la verificación de sus documentos. Algunos empleados intentaron huir por la parte trasera del establecimiento, pero fueron interceptados por los agentes antes de lograr escapar.

Más detalles de lo ocurrido en Mississippi

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Aumento de redadas en Estados Unidos

Las leyes migratorias de Estados Unidos obligan a los empleadores a verificar la identidad y el estatus legal de sus trabajadores a través del formulario I-9. Este requisito es fiscalizado por el ICE para prevenir irregularidades en la contratación de personal.

Conforme a las autoridades, las inspecciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir el trabajo ilegal y detectar posibles delitos como el fraude documental, la explotación laboral y el tráfico de personas.

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Ante el incremento de redadas migratorias en Estados Unidos, diversas organizaciones han emitido guías para que los migrantes conozcan sus derechos en caso de ser detenidos por el ICE. Entre las recomendaciones se encuentran: permanecer en silencio, solicitar un abogado antes de firmar documentos y conocer las áreas donde los agentes pueden o no ingresar sin orden judicial. Estas acciones buscan garantizar el respeto a los derechos humanos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias.