El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que ha generado controversia al ordenar un reforzamiento de la supervisión bancaria sobre transferencias de dinero asociadas a migrantes y operaciones transfronterizas de bajo monto, en el marco de una estrategia de “integridad financiera”.

El decreto, denominado “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, instruye a bancos e instituciones financieras a ampliar sus mecanismos de control, vigilancia y verificación de identidad de clientes, con especial atención a flujos de dinero que puedan estar vinculados a personas extranjeras en situación migratoria irregular o bajo riesgo de deportación.

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Aunque el documento no menciona de forma directa las “remesas”, sí incluye la obligación de monitorear transferencias internacionales de pequeño valor, un punto que ha encendido el debate por su posible impacto en comunidades migrantes que envían dinero a sus países de origen.

La Casa Blanca argumenta que estas medidas responden a reportes sobre redes internacionales de lavado de dinero, tráfico de personas y financiamiento de actividades ilícitas. En ese sentido, el texto oficial menciona investigaciones que habrían detectado el uso de cuentas bancarias en Estados Unidos para mover grandes sumas de dinero vinculadas a organizaciones criminales, incluyendo redes relacionadas con el narcotráfico y el fentanilo.

La orden también amplía el foco hacia el sistema crediticio, ya que solicita a reguladores como la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la FDIC, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito revisar el riesgo que implica otorgar préstamos a personas sin estatus migratorio regular o con posibilidad de perder ingresos por una eventual deportación.

Según el texto, esta situación podría afectar la capacidad de pago de hipotecas, créditos automotrices y tarjetas de crédito, lo que, a juicio del Ejecutivo, representa un riesgo estructural para el sistema financiero.

El Departamento del Tesoro tendrá un plazo de 60 días para emitir alertas a bancos sobre señales de actividad sospechosa, mientras que en un periodo de hasta 180 días se evaluarán posibles cambios regulatorios para fortalecer los sistemas de identificación de clientes.

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La orden también contempla el uso de herramientas más estrictas de “debida diligencia”, incluyendo la verificación de estatus migratorio cuando se considere relevante para evaluar riesgos de fraude o suplantación de identidad.

El decreto ha abierto un nuevo frente de discusión política en torno al papel del sistema bancario en el control migratorio, la privacidad financiera y el impacto en millones de migrantes que dependen de transferencias internacionales para sostener a sus familias.