Las autoridades migratorias de EE.UU., a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han señalado a la hondureña Wendy Hernández Reyes en un caso que ha generado fuerte debate internacional, luego de la muerte de su hijo de dos años en territorio estadounidense.

El hecho ha provocado reacciones de distintos sectores, mientras se discuten las condiciones en las que ocurrió la separación entre la madre y el menor durante el proceso migratorio.

Ingreso irregular y posterior detención

De acuerdo con información publicada por el medio The Washington Post, Hernández Reyes ingresó de manera irregular a Estados Unidos en 2022 junto a su hermana, mientras estaba embarazada.

Según el reporte, la mujer habría salido de Honduras huyendo de situaciones de violencia.

Posteriormente, fue detenida durante un operativo migratorio en el estado de Alabama y más tarde deportada.

Tras su arresto, su hijo Orlin Hernández Reyes, de dos años, quedó bajo el cuidado de un tío identificado como Samuel Maldonado Erazo, también de nacionalidad hondureña.

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Investigación por la muerte del menor

Las autoridades estadounidenses acusan a Maldonado Erazo de estar vinculado con la muerte del menor y de presuntos actos de maltrato.

El señalado enfrenta cargos por asesinato, aunque se ha declarado inocente ante la justicia.

El informe forense reveló que el niño presentaba múltiples fracturas y signos de agresión severa. El médico legista determinó que la causa de muerte fueron traumatismos múltiples, producto de una serie de golpes y lesiones previas.

Reacciones, señalamientos y debate migratorio

Tras conocerse el caso, el director interino de ICE, Todd Lyons, responsabilizó públicamente a la madre al afirmar que habría dejado al menor con una persona violenta.

Estas declaraciones han intensificado la controversia en torno al manejo del caso.

Sin embargo, la defensa legal de Hernández Reyes sostiene que la madre solicitó mantener al niño bajo su cuidado durante el proceso de deportación, pero que su petición no fue atendida por las autoridades migratorias.

Organizaciones defensoras de migrantes y expertos en temas legales han señalado que el caso evidencia posibles vacíos en los protocolos de protección infantil en procesos de detención y deportación en Estados Unidos, donde no existiría una norma federal clara que garantice el resguardo de menores en estas circunstancias.

Un caso que reabre el debate migratorio

Mientras el proceso judicial contra el tío del menor avanza en Estados Unidos, el caso continúa generando discusión sobre la responsabilidad de las autoridades migratorias y el sistema de protección infantil en contextos de deportación.

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