La fiscalía de Bangladés solicitó recientemente la pena capital para la ex primera ministra Sheikh Hasina, acusándola de crímenes contra la humanidad por su presunta responsabilidad en la represión sangrienta de las manifestaciones estudiantiles de 2024.

Hasina, de 78 años, se encuentra en el exilio en la India, tras huir del país luego de las protestas que llevaron a su caída.

Acusaciones por crímenes de lesa humanidad

Según la fiscalía, Hasina era “el núcleo” de las decisiones que llevaron a la violencia, y se le imputa no solo ordenar el uso de la fuerza, sino también no prevenir asesinatos masivos.

Durante el juicio en su ausencia, los fiscales presentaron testimonios que describen cómo la exmandataria habría coordinado las acciones represivas.

Sentencia solicitada y antecedentes legales

El fiscal jefe afirmó que, dado el número estimado de víctimas —hasta 1.400 según la ONU—, se justifica la pena máxima.

Este pedido se produce en el marco de un proceso que ha acumulado varios casos contra Hasina, incluyendo imputaciones por crímenes durante su gobierno prolongado y un juicio por desacato, en el que fue condenada a seis meses de prisión.

La voz de Hasina desde el exilio

Desde su refugio en India, Hasina ha afirmado que nunca renunció a su cargo y ha llamado a sus seguidores a mantener la lucha política.

Además, denunció que las acusaciones tienen motivaciones políticas y rechazó el proceso judicial como una persecución contra su partido, la Liga Awami.

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Implicaciones sociales y políticas

La posible condena de pena de muerte contra Hasina marca un punto crítico en la historia política de Bangladés: no solo pondría fin a su influencia, sino que podría profundizar la polarización en un país ya golpeado por la crisis.

Este caso también abre un debate sobre la justicia internacional, la rendición de cuentas y las consecuencias de las acciones represivas.

Si se impone la sentencia, el tribunal enviaría un mensaje contundente sobre la responsabilidad de líderes en el ejercicio del poder.