Dictan mediadas sustitutivas a Liana María Mayorga Castillo por caso de la Tasa de Seguridad
A Liana María Mayorga Castillo, acusada de lavado de activos en el caso de corrupción vinculado a la Tasa de Seguridad, se le concedió un cambio de medidas por un juez de letras especializado en medioambiente, criminalidad organizada y corrupción.
La imputada, que permanecía bajo prisión preventiva, obtuvo medidas sustitutivas tras la audiencia de revisión celebrada el lunes. El juez ordenó que Mayorga:
- No pueda salir del país.
- Firme periódicamente el libro del Juzgado.
- Permanezca bajo la supervisión de su apoderado legal.
Inmueble como garantía
Asimismo, presentó una garantía hipotecaria de un inmueble valorado en ocho millones de lempiras, requisito que deberá inscribirse a favor del Estado en el Instituto de la Propiedad antes de que el cambio de medidas se haga efectivo.
La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, confirmó que la implementación de estas medidas dependerá de la inscripción del bien inmueble.
Juez en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción celebró audiencia de Revisión de Medidas y cambió la medida de Prisión Preventiva a Medidas Sustitivas, en la causa instruida contra la ciudadana Liana Maria Mayorga Castillo, acusada por el delito de Lavado… pic.twitter.com/aiHEDPgji9
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 17, 2025
¿Qué se sabe de Juan Ramón Molina?
En este mismo caso figura el excoordinador de fideicomisos de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, quien continúa prófugo con alerta roja internacional.
Según el Ministerio Público, ambos habrían defraudado al Estado por 18.5 millones de lempiras mediante la compra de tarjetas PVC para licencias de conducir, de las cuales solo se utilizó poco más de la mitad.
Tres días después de que la Secretaría de Seguridad efectuó el pago, Mayorga transfirió 17 millones de lempiras a la empresa Inversiones M&M, propiedad de Molina.
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¿Qué es el caso Tasa de Seguridad?
La Tasa de Seguridad Poblacional fue creada en 2011 como un fideicomiso para financiar proyectos de seguridad y defensa en Honduras.
Sin embargo, ha estado marcada por múltiples denuncias de corrupción y desvío de fondos.
En este caso específico, el Ministerio Público sostiene que los acusados aprovecharon el fideicomiso para realizar operaciones fraudulentas, canalizando recursos hacia empresas vinculadas a los implicados.
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