El director de la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), Luis Alonso Sosa Salgado,  aseguró que la venta del avión presidencial no es posible, debido a graves irregularidades en la documentación que respalda la aeronave, lo que impide incorporarla legalmente como patrimonio del Estado.

Durante declaraciones a Once Noticias, el funcionario explicó que, aunque existió una instrucción directa del Ejecutivo para someter la aeronave a subasta pública, el proceso no pudo avanzar por inconsistencias detectadas en los documentos entregados.

Orden presidencial para subastar el avión

El titular de Bienes Nacionales recordó que fue en mayo y junio de 2022 cuando la presidenta Xiomara Castro instruyó a esa dependencia incorporar el avión presidencial como patrimonio estatal y proceder a su venta mediante una subasta pública nacional e internacional.

Sin embargo, al recibir y revisar la documentación, la DNBE detectó que varios documentos carecen de elementos legales básicos, como sellos oficiales y firmas válidas, lo que impide su validación institucional.

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Documentos incompletos y sin validez legal

Según explicó el funcionario, dentro del expediente se encontró incluso una factura por 14 millones de dólares, emitida en una hoja de papel en blanco, sin los requisitos formales que exige la ley hondureña.

“La documentación no reúne las características legales necesarias. No trae sellos, ni firmas válidas, y no puede ser legalizada”, afirmó, al tiempo que señaló que existe una firma atribuida a un ciudadano brasileño, Paolo Esteban Tulio, pero sin respaldo jurídico.

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Empresa brasileña no respondió requerimientos

El director también reveló que la empresa de origen brasileño responsable de la aeronave nunca respondió a las solicitudes oficiales para completar o corregir la documentación faltante.

Indicó que la última notificación fue enviada cuando el avión estaba bajo la administración del Ministerio de Seguridad, en ese entonces dirigido por el vicealmirante José Jorge Fortín, actual ministro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), pero no fue atendida.

Negativa a incorporar el avión como bien del Estado

Ante este panorama, el funcionario aseguró que se negó personalmente a incorporar el avión como patrimonio estatal, al considerar que hacerlo constituiría un delito administrativo.

“Yo me negué a incorporarlo porque estaría cometiendo un delito”, enfatizó, dejando claro que, mientras no se subsanen las irregularidades, no existe base legal para vender la aeronave.

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