¿Cuáles son las razones de la presidenta Xiomara Castro para ordenar un nuevo recuento de votos?

12 de enero de 2026Nacionales, Titulares

La crisis postelectoral en Honduras se profundiza a pocos días de la toma de posesión presidencial prevista para el 27 de enero. El escenario político permanece en incertidumbre tras la sanción de un decreto que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un nuevo recuento general de votos, pese a que el proceso ya había sido oficialmente concluido conforme a la ley.

La medida, sancionada por la presidenta Xiomara Castro, ha generado fuertes cuestionamientos desde la oposición y sectores jurídicos, que advierten sobre un posible quiebre del orden constitucional.

Libre desconoce resultados y alega fraude electoral

El Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la mandataria—, ha rechazado los resultados oficiales de las elecciones del pasado 30 de noviembre, argumentando un supuesto fraude.

Zelaya incluso ha señalado una presunta injerencia del expresidente estadounidense Donald Trump para favorecer al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, y perjudicar a la aspirante de Libre, Rixi Moncada, quien quedó en tercer lugar en la contienda.

El controversial Decreto No. 58-2025, aprobado por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Luis Redondo y sancionado por la presidenta Castro, fue publicado el pasado 9 de enero en el diario oficial La Gaceta.

La normativa ordena al CNE efectuar un recuento general de las más de 19,000 actas de cierre emitidas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Sin embargo, el ente electoral ya había cumplido con los plazos legales y declaró el 24 de diciembre a Nasry Asfura como presidente electo. Posteriormente, también validó los resultados de alcaldías y diputaciones.

Oposición acusa intento de perpetuarse en el poder

Desde la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó la aprobación del decreto como una acción ilegal y advirtió que podría constituir un delito de traición a la patria.

“Configura un delito de traición a la patria por Redondo, los diputados de Libre y la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar una ilegalidad que no es atribución ni del Congreso ni de la Presidencia”, expresó.

Zambrano también alertó que el traslado del material electoral al Congreso Nacional “consuma un autogolpe de Estado”, acusando a Libre de intentar mantenerse en el poder por la fuerza.

Uno de los puntos más polémicos del decreto es que fue aprobado sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, en su mayoría del Partido Nacional y una diputada del Partido Liberal, quienes denunciaron que se les impidió el ingreso al hemiciclo.

Además, estos legisladores consideran ilegal la Comisión Permanente instalada por Luis Redondo desde octubre de 2025, la cual dejó de convocar sesiones ordinarias desde agosto y está integrada únicamente por nueve diputados de Libre, de los 128 que conforman el Congreso Nacional.

Juristas advierten que no procede un nuevo recuento

Aunque Redondo justificó el decreto asegurando que no todas las actas fueron revisadas, juristas y analistas recuerdan que la ley electoral no contempla un nuevo escrutinio una vez declarados oficialmente los resultados.

La medida, señalan, desconoce la declaratoria firme del CNE y podría sentar un precedente que debilita la institucionalidad democrática del país.

Contradicciones en el discurso presidencial

El pasado 18 de diciembre, la presidenta Xiomara Castro aseguró públicamente que reconocería al ganador declarado por el CNE y que entregaría el poder de forma pacífica el 27 de enero.

No obstante, para la oposición, la sanción del decreto contradice ese compromiso. “La presidenta está mintiendo”, afirmó Tomás Zambrano, al señalar que sus acciones evidencian una ruta distinta a la anunciada transición democrática.

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