Las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional alcanzaron un acuerdo clave sobre la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Según fuentes oficiales, la abogada Rebeca Raquel Obando podría renunciar al cargo de presidenta y mantener su posición como magistrada del Pleno de la Corte.

El objetivo del acuerdo es garantizar la continuidad del trabajo judicial y definir un liderazgo claro para el período restante del cargo presidencial.

Renuncia parcial y condiciones

Actualmente, el personal del Congreso espera en la Corte Suprema el escrito oficial de renuncia de la presidenta. La propuesta establece que, si Obando acepta, solo dejaría la presidencia, permaneciendo como miembro activo del Pleno.

En ese caso, otro magistrado entre los quince integrantes asumiría la presidencia durante el tiempo restante del período.

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Posible juicio político

Fuentes legislativas aclararon que, de no aceptar la propuesta, el Congreso presentará una denuncia para aplicar un juicio político contra la presidenta. La denuncia se preparará y presentará este mismo día, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y la Constitución de la República.

Esta decisión refleja la tensión política y la importancia de alcanzar consensos dentro de la Corte y el Congreso.

Nuevo presidente de la Corte Suprema

Si Obando acepta renunciar a la presidencia, el magistrado Warner Vallesillo asumirá el cargo de titular de la Corte Suprema de Justicia, mientras la abogada continuará ejerciendo como magistrada del Pleno.

El Congreso y la Corte esperan la confirmación de la abogada Rebeca Raquel Obando para oficializar los cambios y garantizar la estabilidad institucional.

Siguiente paso

La resolución de este acuerdo definirá el rumbo de la presidencia de la Corte Suprema y decidirá si se mantiene el liderazgo actual o si se activa el procedimiento de juicio político.

Mientras tanto, las bancadas mayoritarias mantienen coordinación y seguimiento cercano a la situación.

Este panorama político se desarrolla en tiempo real y refleja la importancia de tomar decisiones consensuadas para preservar la institucionalidad en Honduras.

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