A una semana de concluir el proceso electoral, diversas calles del país continúan saturadas de rótulos y propaganda política que los candidatos aún no retiran, pese a obligaciones legales vigentes.

Las autoridades recuerdan que partidos y aspirantes disponen de únicamente 30 días para retirar toda su publicidad, de lo contrario podrían enfrentar sanciones económicas consideradas millonarias por la normativa electoral.

Emilio Hércules, de la Unidad de Política Limpia, señaló que «la ley es clara» y obliga a eliminar banners, vallas, afiches y stickers antes del plazo establecido.

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Hércules explicó que el límite coincide con la fecha en que el CNE debe emitir la declaratoria, advirtiendo que el incumplimiento generaría multas equivalentes a alrededor de 100 salarios mínimos.

Expertos recomiendan a los políticos no esperar al último momento, ya que el exceso de material acumulado incrementa la contaminación visual y afecta el ordenamiento urbano en múltiples municipios.

El analista Germán Leitzelar afirmó que existe un tiempo razonable para retirar la propaganda, señalando que «sin abusar», todo debería desaparecer en aproximadamente diez días adicionales.

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Leitzelar destacó que, más allá de acciones municipales, cada candidato debe asumir responsabilidad directa y garantizar que su material sea retirado para evitar sanciones y molestias a la población.

Otros especialistas mencionan que el CNE debe reforzar la supervisión del cumplimiento, mientras persiste incertidumbre postelectoral. Javier Acevedo indicó que el organismo debe «revisar caso por caso» lo ocurrido en el proceso.

Partidos políticos enfrentan presión creciente para retirar toda la propaganda electoral pendiente, ya que el incumplimiento dentro del plazo legal podría generar sanciones económicas significativas y responsabilidades administrativas adicionales.