Transportistas hondureños han pagado entre 40 y 50 millones de lempiras por extorsiones en 2025
El dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, reveló este fin de semana que, en las primeras semanas del 2025, el sector ha pagado entre 40 y 50 millones de lempiras por concepto de extorsión a nivel nacional.
En declaraciones a un medio de comunicación nacional, Cálix lamentó que este incremento de cifras no se había registrado en años anteriores.
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«Las cifras que estamos viendo este año no se habían experimentado en años anteriores. Si comparamos enero de 2024, solo tuvimos tres o cuatro muertes violentas en el sector, pero este 2025 se ha disparado», señaló Cálix.
Además, destacó el aumento de la violencia en departamentos del país que antes no sufrían de extorsión. También, el dirigente condenó que la inseguridad haya alcanzado estas zonas, generando temor en la sociedad y afectando no solo al transporte, sino a toda la población.
Víctimas relacionadas con la extorsión
En cuanto a las víctimas, Cálix detalló que, en lo que va del año, se han registrado al menos 12 personas fallecidas, entre ellas pasajeros, cobradores y conductores de las unidades. «Este incremento en las muertes es alarmante. Hemos visto un aumento significativo», añadió.
Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), entre 2010 y septiembre de 2024 se registraron más de 2,300 muertes violentas de personas vinculadas al sector del transporte, además de aproximadamente 1,140 asesinatos de conductores de taxis y mototaxis.
Informe de la ASJ: impacto de la extorsión en Honduras bajo el Estado de Excepción
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó un informe que analiza la problemática de la extorsión en Honduras, un flagelo que afecta a toda la población. A pesar de que hace dos años la presidenta Xiomara Castro decretó una guerra contra este delito, con la implementación del Estado de Excepción.
Desde su declaración, el Estado de Excepción se ha renovado más de 14 veces, perdiendo su carácter excepcional y transformándose en una medida permanente que limita los derechos fundamentales de los hondureños. Hasta la fecha, se han cumplido 730 días bajo este régimen, pero los esfuerzos no han logrado frenar la creciente victimización.
El informe revela que, en los primeros seis meses del plan antiextorsión, solo se judicializaron 17 casos mensuales, mucho menos que los 38 previos al Estado de Excepción. Además, la tasa de victimización aumentó del 9% en 2022 al 11.1% a finales de 2023, afectando a 286,000 familias más.
En cuanto a la percepción de seguridad, el informe destaca que, en 2024, un 31.5% de las mujeres se sienten menos seguras, lo que representa un aumento significativo. Aunque los hombres también reportaron mayor inseguridad, el incremento fue más bajo.
A pesar de las medidas, la extorsión sigue prevaleciendo en varias regiones, como Intibucá, Atlántida, Colón, Choluteca, Francisco Morazán y Cortés, donde las tasas de victimización aumentaron en comparación con 2023.
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