El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró a medios de comunicación que no teme ser objeto de un posible juicio político promovido desde el nuevo Congreso Nacional y reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción.

“Estoy listo para irme mañana del Ministerio Público y estoy listo para irme el 28 de febrero del 2029; es un tema que no me preocupa”, declaró Zelaya, al ser consultado sobre su permanencia en el cargo ante las presiones políticas.

Sin retroceder en la lucha anticorrupción

Zelaya enfatizó que, independientemente de las presiones, no dará marcha atrás en el combate a la corrupción, una de las banderas centrales de su gestión.

“No vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción, tenemos el acompañamiento de los gustos y acompáñenos ustedes también a esta lucha contra la corrupción”, expresó el fiscal, llamando a la ciudadanía a respaldar ese esfuerzo de investigación y justicia.

Investigaciones en curso y bloqueos legales

El fiscal General también abordó el estado de diversas investigaciones, incluyendo aquellas relacionadas con funcionarios públicos. Señaló que se mantienen activos los procesos contra irregularidades y que se trabaja incluso en casos vinculados a la Municipalidad de San Pedro Sula.

“Estamos analizando las cuantas líneas de investigación vienen bloqueadas y en eso estamos”, dijo Zelaya, anunciando reuniones con la unidad contra delitos electorales y reafirmando que los procesos no se detendrán.

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Respuesta a quienes piden juicio político

Ante quienes han planteado acciones para destituirlo, Zelaya subrayó su compromiso con el mandato constitucional que le corresponde.

“Yo no tengo por qué retirarme, yo fui electo de manera constitucional para terminar mi mandato el 28 de febrero del dos mil veintinueve. Hay ciento veintiocho diputados en el Congreso Nacional que pueden decidir el futuro del Ministerio Público, el futuro del Fiscal General”, explicó, sin descartar que otro funcionario pueda ocupar el cargo en el futuro.

También aseguró con franqueza que no tiene objeción a que se interponga un juicio político, aunque lo considere una reacción de quienes se sienten incómodos por las investigaciones en curso: “No tenemos ninguna objeción a que se venga a un juicio político… No hay ningún problema”, afirmó.

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Acusaciones, casos de largo trámite y justicia prometida

Zelaya también respondió a críticas sobre la duración de algunas investigaciones, incluidos casos de alto perfil, como el de presuntos actos de corrupción.

“Hay investigaciones aquí que se tardan diez, cinco años, tres años, dos años, un año. Y es injusto que a este fiscal general se le haya acusado de manera injusta sobre ese caso”, señaló, puntualizando que la justicia llegará cuando los procesos concluyan.

“Yo le prometí justicia al pueblo hondureño y va a haber justicia… aquí nadie está por sobre de la ley”, reiteró.

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Experiencia personal y impacto familiar

En un momento de su intervención, Zelaya compartió una experiencia personal que, según él, revela la magnitud de la campaña en su contra: la negativa de una escuela para aceptar a su hija por ser familiar del fiscal.

“Hasta una niña fue atacada en una escuela… No es fácil decirle a un hijo que no lo van a aceptar por ser hijo del fiscal general”, relató, subrayando que decidió mantener la calma para evitar mayores conflictos.

Contexto de violencia y necesidad de justicia

El fiscal también se refirió a otros hechos recientes, como el atentado contra la diputada Clarisse Aurora López, y enfatizó la necesidad de garantizar la justicia en medio de un clima de tensiones políticas.

“Esas cosas no se pueden tolerar en un país de derecho, necesitamos armonía… entre más injusticia haya en un país la gente se resiente y sale a protestar”, concluyó Zelaya, llamando a respetar las instituciones y a fortalecer el estado de derecho.