Seis funcionarios del Gobierno no presentan su declaración de bienes

Pese a que desde el 27 de enero se prometía acabar con las prácticas del pasado que llevaron a Honduras a la actual situación de ser el segundo país más pobre del hemisferio occidental con un alto índice de percepción de corrupción, algunos funcionarios y diputados no habrían entendido el mandato del pueblo que, cansado de lo mismo, decidió votar por un cambio, el cual se ve empañado por acciones de personas en altos cargos públicos al negarse cumplir la ley y declarar sus bienes.

De acuerdo al portavoz del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Rodolfo Isaula, seis secretarios de Estado y 29 diputados del Congreso Nacional, todavía no presentan su declaración jurada de bienes.

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“A la fecha del corte del 2 de mayo que venció el plazo se corroboró que un total de seis secretarios de Estado no habían presentado su actualización de declaración jurada de ingresos y también 29 diputados”, expresó el vocero de la TSC.

La Ley Orgánica del TSC establece que “estarán obligadas a presentar, bajo juramento, la declaración de ingresos, activos y pasivos, todas las personas investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas, que desempeñen o hayan desempeñado cargo de elección popular y elección de segundo grado, por nombramiento o contrato, en cualquiera de los poderes del Estado, o en entidades de cualquier naturaleza que reciban recursos financieros del Estado”.

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Sin embargo, de no cumplir este deber los funcionarios estarían expuestos a enfrentar sanciones como multas de cinco mil lempiras (L5,000) hasta la separación de su cargo.

“INADMISIBLE”

“Cuando se es funcionario público y sobre todo cabeza de una secretaría de Estado, eso es inadmisible porque tienen equipos y los medios para asesorarse y ellos y ellas deben ser el ejemplo a seguir de rectitud, de transparencia y de rendición de cuentas”, expresó el analista, Josué Murillo.

Igualmente, el ex comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Damián Reyes Pineda, concluyó que a los funcionarios públicos que incumplieron con esta norma se les debe “seguir el proceso legal correspondiente”.