El manejo de los fondos sociales asignados a los diputados del Congreso Nacional ha vuelto a encender las alarmas, luego de revelarse informes que apuntan a un presunto despilfarro millonario y posibles actos de corrupción.

Diversos sectores de la sociedad y analistas independientes demandan una investigación profunda y transparente, tras conocerse que más de 900 millones de lempiras fueron ejecutados entre 2023 y 2024 a través de cinco instituciones estatales.

¿Quién investigará a fondo?

La presión pública crece al conocerse que muchos de los proyectos financiados —supuestamente destinados al desarrollo social— carecen de informes técnicos claros, y su impacto real en las comunidades es desconocido.

“Aquí lo que debería existir es una auditoría privada e independiente. Nadie puede darse baños de pureza”, afirma el analista Olban Valladares.

Por su parte, Amable de Jesús Hernández, director del Injupemp, es del criterio que “nadie se debe de dar baños de pureza… Ninguno de los tres partidos. Ni el Partido Liberal, ni el Partido Nacional están libres de responsabilidad.

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La ruta del dinero: sin control ni transparencia

Según declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, esa entidad solo canaliza los recursos del fondo especial del Congreso, pero no los administra ni supervisa su ejecución

“Operamos en función de la gestión que hacen los diputados en sus departamentos”, indicó Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, quien explicó que esos recursos están destinados a obras de carácter social en los departamentos que representan los parlamentarios.

El escándalo actual también se vincula a la Administración de Ayudas Sociales en Sedesol, institución envuelta en denuncias recientes de corrupción por manejo discrecional de fondos públicos.

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Riesgo de uso político y electoral

Expertos aseguran que este tipo de fondos especiales se ha convertido en una herramienta para alimentar campañas políticas desde el poder, disfrazadas de obras sociales.

“Esto genera la tentación de los actores políticos que quieren usar recursos públicos para financiar campaña política. A esto se reduce este tema”, expresó Germán Espinal, analista en política nacional.

La revelación de estos fondos y su presunto mal manejo ha intensificado el clima de desconfianza hacia el Congreso Nacional, por lo que se demandan investigaciones inmediatas, auditorías técnicas, transparencia total y sanciones reales, sin importar el color político de los implicados, concuerdan los expertos consultados.

 

 

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