La situación en los centros penales de Honduras sigue siendo alarmante. Actualmente, al menos 3,113 personas privadas de libertad superan la capacidad de los recintos penitenciarios, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Esta sobrepoblación constituye una vulneración directa a la dignidad y a los derechos humanos de los internos. Por ello, se requiere atención inmediata.

Centros penitenciarios al límite

Al cierre del 31 de enero de 2026, Honduras cuenta con más de 20 centros penales, de los cuales 11 están sobrepoblados. Por ejemplo, el Centro Penal de Támara supera su capacidad en 1,057 internos, registrando 5,636 personas mientras su límite es de 4,579.

Otros penales con alta sobrepoblación son El Progreso en Yoro, con 538 reos extra; Morocelí, con 445; y Danlí, con 428 internos. Estos últimos se ubican en el oriente del país, en el departamento de El Paraíso.

También presentan exceso de población los penales de El Porvenir, Atlántida (151), Marcala, La Paz (125), Olanchito (124), Nacaome (105), así como los recintos de Santa Rosa de Copán, Yoro y Ocotepeque.

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Consecuencias de la sobrepoblación

Joselin Padilla, oficial de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, explicó que la saturación provoca limitaciones en servicios básicos, atención médica, apoyo psicológico y acceso a la justicia.

“Cuando existen estas vulneraciones, la responsabilidad recae en el Estado, pues los internos están bajo custodia de autoridades estatales”, agregó Padilla. Además, enfatizó que la situación representa una violación sistemática de derechos humanos.

Centros penitenciarios sin sobrepoblación

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), algunos centros mantienen población dentro de su capacidad: Ilama en Santa Bárbara, Siria en El Porvenir, Choluteca, Juticalpa en Olancho, Gracias en Lempira, Comayagua, Atlántida, La Paz y Puerto Lempira.

Llamado a desmilitarizar la gestión penitenciaria

Padilla también instó a evitar políticas de seguridad militarizadas dentro de los penales. Además, señaló que la academia penitenciaria debe asumir la gestión de rehabilitación y reinserción de manera profesional.

Según expertos de la ONU, la militarización no garantiza procesos efectivos de rehabilitación y puede agravar la vulneración de derechos.

El llamado final es claro: desmilitarizar los penales y fortalecer los programas de rehabilitación para garantizar la dignidad y los derechos de los más de 3,100 internos que actualmente enfrentan condiciones críticas en los centros penitenciarios de Honduras.

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