La posibilidad de impulsar juicios políticos contra funcionarios señalados de vulnerar el orden democrático ha comenzado a ganar respaldo en distintos sectores del Congreso Nacional en Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, advirtió recientemente sobre supuestas negociaciones que estarían frenando la activación de procesos de juicio político contra quienes, según su postura, propiciaron irregularidades y “condiciones oscuras” durante el pasado proceso electoral. Sus declaraciones encendieron el debate legislativo y provocaron reacciones inmediatas de las principales bancadas.

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JUICIOS POLÍTICOS. Para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones 2025…Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron… y…

— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) February 13, 2026

Desde el Partido Nacional, el diputado Eder Mejía negó que existan pactos para bloquear estos mecanismos. Aseguró que en el ambiente político y social se percibe la necesidad de sentar un precedente que fortalezca la institucionalidad y evite que hechos similares vuelvan a repetirse en futuras elecciones. Reconoció el trabajo realizado por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, a quienes atribuyó un papel clave en la defensa del sistema democrático.

No obstante, el legislador subrayó que cualquier intento de juicio político debe sustentarse en consensos sólidos dentro del hemiciclo. Recordó que la Constitución exige al menos 86 votos para que el proceso prospere, por lo que presentar una moción sin el respaldo necesario sería, a su juicio, un acto meramente simbólico. “El Congreso Nacional trabaja sobre acuerdos; de lo contrario, no tendría sentido iniciar un procedimiento sin viabilidad”, planteó.

En contraste, desde la bancada liberal consideran que el juicio político debió ser el primer punto en la agenda legislativa tras la crisis poselectoral. La diputada Luz Ernestina Mejía sostuvo que no se trata de una acción motivada por revancha, sino de hacer cumplir la ley y frenar la impunidad.

Para la congresista, la situación vivida durante el proceso electoral puso en riesgo la estabilidad democrática del país, por lo que quienes habrían contribuido a esa coyuntura deben enfrentar responsabilidades. Añadió que la política debe orientarse al bien común y no convertirse en un espacio de negociaciones que comprometan el futuro nacional.

Sectores respaldan juicio político contra figuras en Honduras

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“Tanto el fiscal general, el diputado Redondo, el consejero Marlon Ochoa, que siento yo un pesar porque un muchacho joven, preparado, su papá fue una persona, un profesional admirable y por seguir órdenes de una mente perturbada se está arruinando su vida, como le decíamos en aquel momento. Entonces el juicio político tiene que darse, reitero, no es venganza, es el castigo que corresponde a quienes hicieron acciones delictivas en contra de la patria”, dijo.

El debate continúa abierto en el Legislativo, donde las bancadas analizan si existen las condiciones políticas necesarias para alcanzar los votos requeridos y avanzar en un proceso que, según sus promotores, busca marcar un precedente en la defensa del Estado de derecho.