Hoy comienza el juicio oral y público contra la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, vinculada al escándalo de la compra de hospitales móviles, uno de los mayores casos de corrupción en el sistema de salud de Honduras durante la pandemia del COVID-19.

Otros imputados en el proceso

Junto a Tábora, enfrentan el proceso judicial Carlos Luis Guevara, Héctor Ferrera y Daniel Ardón, acusados de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en calidad de cooperadores necesarios.

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La causa judicial se centra en la adquisición irregular de hospitales móviles que, según las investigaciones, no cumplían con las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de pacientes contagiados de COVID-19.

Impacto económico del caso

Las autoridades calculan que la compra de estos hospitales móviles generó un perjuicio económico superior a 47,5 millones de dólares, equivalentes a más de 1,174 millones de lempiras. Este caso puso en evidencia irregularidades graves en la gestión de fondos públicos destinados a la salud durante la emergencia sanitaria.

Condenas previas por el mismo caso

El juicio contra Tábora se suma a sentencias previas relacionadas con este escándalo. El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, recibió 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado.

Por su parte, el exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, fue inhabilitado por más de nueve años para ocupar cargos públicos, tras ser hallado culpable de violar los deberes de los funcionarios.

Expectativas del juicio

El proceso judicial busca determinar responsabilidades directas de los cuatro imputados y establecer si contribuyeron de manera activa a la defraudación de fondos públicos. Expertos legales y autoridades del sistema judicial seguirán de cerca el desarrollo de la audiencia, que se perfila como un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en Honduras.

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Poder Judicial suspende temporalmente caso contra Rocío Tábora

El Poder Judicial de Honduras ha admitido un recurso de amparo a favor de la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, lo que suspende temporalmente el proceso penal en su contra relacionado con la compra de hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19.

La medida fue tomada por la Sala de lo Constitucional, tras cuestionamientos de la defensa sobre la participación de un magistrado en la resolución de la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Tábora enfrenta acusaciones por fraude, en calidad de cooperadora necesaria, y violación de los deberes de los funcionarios.

La suspensión del proceso se mantendrá mientras la Sala de lo Constitucional analiza los argumentos de la defensa, deteniendo así temporalmente cualquier avance en la investigación y posibles acciones legales relacionadas con la adquisición irregular de los hospitales móviles.