¿Cuánto pagarán en prestaciones a empleados de instituciones del Estado que fueron eliminadas?
La Comisión Técnica liquidadora encargada de los procesos de supresión de instituciones públicas en Honduras informó que los trabajos avanzan conforme al plan estratégico establecido, el cual incluye el diagnóstico administrativo y financiero de cada dependencia.
El abogado Leonel Núñez, miembro de la comisión, explicó que el objetivo principal del proceso es garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores afectados por las medidas de reestructuración estatal.
“Hemos ido avanzando. Existe un plan estratégico que contempla el diagnóstico de cada institución para garantizar que se cumplirán completamente los derechos y garantías laborales de los empleados”, señaló.
Cinco instituciones bajo proceso de revisión
De acuerdo con Núñez, actualmente se trabaja de forma directa en el análisis de cinco instituciones, aunque el decreto de supresión podría abarcar otras dependencias que serán absorbidas en el marco de la reorganización administrativa.
El funcionario indicó que, en esta etapa, se prioriza la entrega de edificios arrendados y la atención de acreedores que exigen pagos pendientes.
“La prioridad son las personas. Estamos enfocados en que se cumpla el 100% de las prestaciones laborales”, afirmó.
También señaló que se está evaluando la situación de trabajadores con discapacidad y de personal en estado de embarazo, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.
[/fusion_text]#OnceNoticias🟡| Avanzan labores de comisión técnica liquidadora encargada del despido de personal en instituciones que serán suprimidas.
— Once Noticias (@11_Noticias) March 5, 2026
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Cuantificación de personal en proceso de liquidación
Las autoridades aún realizan el levantamiento de información para determinar la cantidad total de trabajadores incluidos en el proceso.
Aunque se estima que el número podría superar las dos mil personas, la comisión explicó que primero se están revisando los casos de empleados bajo contrato, para posteriormente continuar con los trabajadores por acuerdo.
“Buscamos un proceso transparente, donde los empleados participen en su propia liquidación y estén de acuerdo con los montos que se pagarán”, indicó Núñez.
Coordinación con el sistema financiero
Como parte del procedimiento, la comisión liquidadora planea remitir listados de empleados a la banca privada y a otras instituciones como el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupem), con el fin de facilitar la verificación de deudas o compromisos financieros.
“Se girarán oficios para que las instituciones informen de un solo golpe, evitando que los trabajadores tengan que recorrer la capital buscando constancias”, agregó el abogado.
El proceso de liquidación continuará desarrollándose de manera progresiva, mientras las autoridades mantienen el compromiso de garantizar el pago total de las prestaciones laborales del personal afectado.
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