El espacio cívico en Honduras atraviesa una preocupante regresión, según alertó este martes la sociedad civil, al destacar un deterioro alarmante en las libertades fundamentales, especialmente en la libertad de expresión y prensa.

Organizaciones especializadas en derechos humanos informaron que en lo que va de 2025 se ha registrado un incremento del 43% en los ataques contra medios de comunicación, lo que agrava un contexto ya marcado por amenazas, intimidaciones y asesinatos contra periodistas.

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Desde 2001, un total de 103 comunicadores han sido asesinados en el país, y más del 88% de estos crímenes siguen impunes. Esta situación, según advierten expertos, refleja una crisis estructural en la protección del ejercicio periodístico.

“El informe revela retrocesos significativos en libertades básicas como la de asociación, reunión y expresión. Los periodistas enfrentan un riesgo mayor: además de ser intimidados, son asesinados por ejercer su labor”, denunció Juan Carlos Aguilar, director de Democracia ASJ.

La situación ha llevado a diversos sectores a exigir mayor tolerancia por parte de los funcionarios públicos y un compromiso real para proteger el derecho a informar y ser informado, contemplado en la Constitución.

“La crítica de la prensa no es caprichosa, suele surgir cuando hay irregularidades. Si los gobiernos actúan con transparencia, no habría necesidad de cuestionamientos. La prensa cumple con señalar cuando algo está mal”, afirmó el criminólogo Gonzalo Sánchez.

#OnceNoticias🟡 | Expertos en Honduras abogan por la tolerancia y el respeto para prevenir violencia contra la prensa.

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— Once Noticias (@11_Noticias) June 11, 2025

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Por su parte, el analista político Kenneth Madrid advirtió que garantizar la libertad de expresión no es solo responsabilidad del Estado, sino también de la ciudadanía. “Debe cultivarse una cultura de respeto y tolerancia desde todos los sectores, incluyendo a quienes ejercen el poder”, expresó.

Frente a este panorama, las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la urgencia de implementar mecanismos de protección más eficaces para el gremio periodístico y asegurar que el derecho a la información no siga siendo vulnerado.