La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta uno de los mayores retos de su historia. Según su titular, Guillermo Peña las reformas al sistema energético nacional son determinantes para definir el futuro del país y garantizar la sostenibilidad del servicio.

“El marco legal en discusión busca liberar inversión pública y privada, tanto nacional como internacional, con el apoyo de organismos multilaterales y banca privada. El objetivo central es mejorar la calidad de vida de las familias hondureñas mediante un sistema eléctrico más eficiente y confiable”, expuso Peña.

Expertos, en materia económica coinciden con esta visión. Señalan que la reforma estructural permitirá al gobierno negociar con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BID, BCIE y la DFC no solo para pagar la deuda con los generadores —que ya supera los mil millones de dólares—, sino también para invertir en nuevas represas y líneas de transmisión.

¿Se privatizará?

La propuesta no implica privatizar la ENEE, aseguran especialistas. Más bien, busca modernizar el sistema mediante la incorporación de empresas comercializadoras de energía y la posibilidad de que grandes usuarios contraten directamente su suministro. Esto abriría el mercado y daría mayor flexibilidad a la demanda energética.

El proyecto de modernización del sistema eléctrico nacional fue creado en 2013, pero intereses políticos han impedido su puesta en marcha.

Hoy, la urgencia es mayor: la deuda acumulada y la necesidad de nuevas inversiones hacen que la reforma sea vista como una verdadera “tabla de salvación” para la ENEE y para el país, según otros especialistas.

¿Qué dice la STENEE?

Por su parte, Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), afirmó que Honduras necesita un nuevo modelo energético, pero rechazó cualquier intento de privatización de la estatal eléctrica.

El dirigente sindical señaló que el país requiere fortalecer el decreto 404 de 2013, la ley de energía renovable y el decreto 46 de 2022, como parte de una reforma integral que involucre a todos los sectores. Aguilar enfatizó que la ENEE debe seguir siendo un bien público, ya que su privatización afectaría directamente a los trabajadores y a la población hondureña.

En sus declaraciones, advirtió que lo que se percibe detrás de algunas propuestas es un camino hacia la privatización o la compra de distribución, similar a lo ocurrido en Guatemala. “Rechazamos cualquier intento que esté en una venida oscura de esta reforma”, expresó. Además, insistió en que el país no puede seguir improvisando, pues ya existe un plan indicativo de generación y un plan de expansión de transmisión que deberían guiar las decisiones en el sector energético.

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