La controversia por el decreto 58-2025, aprobado y publicado por Comisión Permanente del Congreso Nacional, ya escaló al plano judicial. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya recibió al menos cinco recursos legales que cuestionan tanto el contenido del decreto como la forma en que fue aprobado, en medio de denuncias de irregularidades y una creciente tensión política.

Las acciones fueron interpuestas entre el 10 y el 13 de enero de 2026 por diputados, abogados particulares y organizaciones civiles, quienes coinciden en un punto central: el Congreso habría invadido competencias exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y vulnerado procedimientos constitucionales al ordenar un nuevo escrutinio de votos ya declarados oficialmente.

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El primer recurso fue una acción de amparo presentada el 10 de enero por el abogado Hermes Ramírez, quien solicita que se garantice el respeto a la declaratoria de resultados emitida por el CNE. La acción se dirige contra las decisiones adoptadas durante la sesión legislativa del 8 de enero, encabezada por el presidente del CN, Luis Redondo, y cuestiona que el Legislativo haya actuado en contravención de resoluciones firmes del ente electoral.

Un día después, el mismo profesional del derecho presentó un conflicto de competencias, alegando que el Congreso Nacional asumió atribuciones que la Constitución reserva únicamente al CNE. En este recurso se pide a la CSJ que delimite con claridad las funciones de ambos órganos y frene cualquier intento de alterar los resultados electorales desde el Legislativo.

El 12 de enero se sumaron dos nuevas acciones. La abogada Ruth Lafosse, en representación de la plataforma Defensores de Honduras, interpuso un amparo contra una serie de actuaciones que incluyen la instalación y operación de la Comisión Permanente, la convocatoria a la sesión del 8 de enero y el bloqueo del acceso al hemiciclo. A su juicio, estas acciones violentan derechos constitucionales y anulan la legalidad de las decisiones adoptadas.

Ese mismo día, los abogados Fernando Gonzáles y Leonel Humberto Núñez presentaron una acción de inconstitucionalidad directa contra el decreto 58-2025, publicado en La Gaceta la noche del 9 de enero. Argumentan que la norma interfiere con resultados electorales ya declarados y debilita la autonomía del CNE.

El más reciente recurso fue interpuesto este 13 de enero, cuando diputados electos de los partidos Nacional y Liberal presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entre los firmantes figuran Kilvett Bertrand, Arnold Burgos, Sara Zavala, Liss Cano y Eder Mejía, por el Partido Nacional, así como Rashid Mejía y Luz Ernestina Mejía, por el Partido Liberal, quienes se sumaron a los cuestionamientos contra el decreto y solicitaron que se declare contrario a la Constitución.

El decreto fue aprobado con la presencia únicamente de la Comisión Permanente y la bancada de Libre. En él se ordena un escrutinio especial de más de 19 mil actas.

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Hasta ahora, la Sala de lo Constitucional no ha emitido resoluciones, pero el cúmulo de recursos anticipa un análisis clave a solo días de la transición presidencial.