La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) interpuso una denuncia formal ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), solicitando una investigación exhaustiva por el supuesto mal uso de recursos públicos con propósitos de proselitismo en el contexto de las campañas políticas encaminadas a las elecciones generales de noviembre de 2025.

La denuncia contiene descubrimientos alarmantes acerca del posible uso de recursos estatales para beneficiar a candidatos, movimientos o partidos políticos, mediante programas sociales, proyectos de menor envergadura, becas en educación, subsidios legislativos y otros procedimientos de repartición de recursos públicos sin un control eficaz.

Esta conducta vulnera directamente la justicia electoral, el principio de legalidad y el derecho de los ciudadanos a procesos equitativos y competitivos.

Caso cheques de Sedesol

La denuncia surge a partir de la difusión de un video ampliamente compartido en redes sociales, en el que se escucha a una diputada y actual candidata a la reelección por el partido Libre, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), discutir sobre la entrega de kits valorados en más de 125,000 lempiras cada uno.

Lo anterior implica que la entrega de estos recursos podría constituir una ventaja indebida, violando los principios de equidad electoral, transparencia en el uso de los fondos públicos y prohibición del clientelismo político, establecidos en la normativa nacional e internacional en materia electoral y de financiamiento político.

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👀Hoy presentamos una denuncia ante el pleno de comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) por el presunto uso de fondo públicos para fines proselitistas en el marco de las campañas políticas rumbo a las… pic.twitter.com/VSVjpimahd

— RDD (@RDD_HN) June 26, 2025

Demandas de la sociedad civil

Varios sectores sociales han destacado la libertad de las denominadas «subvenciones legislativas», que continúan a pesar de la anulación del decreto 116-2019.

Hasta abril de 2025, se informa que se han transferido más de 400 millones de lempiras bajo este concepto, sin pruebas de ejecución material ni liquidaciones exhaustivas.

Estas acciones, advertía la RDD, podrían ser empleadas por congresistas que aspiran a ser reelectos para obtener simpatías políticas a través de dádivas encubiertas.

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