En el marco del proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre, la coordinadora nacional de Antecedentes Penales del Poder Judicial, Norma Casco, informó que de las personas recluidas en centros penales, 2,062 están habilitadas para ejercer el sufragio, mientras que 6,355 personas que ya tienen condena se encuentran inhabilitadas.

Casco explicó que estas cifras fueron remitidas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y aclaró que quienes no aparecen en el cuadernillo electoral son aquellos que, tras cometer algún delito, no realizaron el trámite de cancelación correspondiente. “Siempre que una persona obtiene la carta de libertad, debe presentarse a cualquiera de las oficinas de Antecedentes Penales a nivel nacional para realizar el trámite de cancelación, presentando su documento de identidad, copia de la carta de libertad y constancia de responsabilidad civil emitida por el juzgado de ejecución”, detalló la funcionaria.

Reacciónes ante la situación

Ante la preocupación generada por denuncias que señalan que personas fallecidas o privadas de libertad podrían aparecer habilitadas para votar, el ingeniero Julio Larios, especialista en procesos electorales, explicó que el escenario es complejo pero existen mecanismos de control.

“Algunos privados de libertad que aún no tienen condena y están en proceso pueden votar, siempre que no se trate de crímenes graves. Por eso es fundamental mantener actualizadas las bases de datos y aplicar correctamente la tecnología biométrica en todas las mesas de votación”, indicó.

Larios subrayó la importancia de la participación de los partidos políticos en cada mesa, asegurándose de que, una vez finalizado el escrutinio, las actas sean fotografiadas y certificadas. “El control biométrico y el cuadernillo electoral son garantías de que no se permitirá votar a personas fallecidas.

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Lo que si permite la ley

Aunque algunos puedan aparecer en la base de datos, solo quienes estén presentes y registrados podrán emitir su voto”, aseguró.

De esta manera, las autoridades buscan dar claridad a la ciudadanía sobre los derechos de las personas privadas de libertad que aún pueden votar, mientras refuerzan la confianza en la transparencia del proceso.

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¿Los muertos también votan?

Ante la preocupación de que personas fallecidas puedan votar en estas elecciones generales, el ingeniero Julio Larios explicó que esto no afectaría el proceso, ya que se cuenta con un sistema biométrico que garantiza la validez del sufragio.

Aunque los difuntos puedan aparecer en la base de datos, no podrán emitir su voto, dado que más de seis millones de hondureños utilizarán el sistema biométrico en las mesas de votación.

Larios destacó que lo fundamental es que la sociedad, los observadores y los partidos de oposición reconozcan y acepten los resultados, especialmente tras la denuncia de la precandidata Rixi Moncada, quien aseguró que no aceptará los resultados del TREP y que contarán las actas voto a voto.

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