En las últimas horas, la presidencia del Congreso Nacional de Honduras emitió una contundente declaración en la que reitera que es su competencia exclusiva establecer la agenda legislativa del Pleno, rechaza categóricamente la moción de orden presentada por un grupo de congresistas, y advierte que dicha moción viola disposiciones constitucionales y legales vigentes.

A través de su cuenta de X , Luis Redondo, recordó que, según el artículo 205, numeral 3 de la Constitución de la República, y varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre ellos el artículo 22 en sus numerales 4, 15, 16 y 24, la facultad de dirigir, ordenar y definir la agenda de las sesiones corresponde únicamente a la Presidencia del Congreso.

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“No es legal ni constitucional que un congresista, grupo de congresistas o partido político pretenda imponer la agenda legislativa a través de una moción de orden, y mucho menos cuando lo que se busca en realidad es socavar las atribuciones de la Presidencia y ocultar la aprobación de reformas importantes, como la reciente modificación a la Ley de Tarjetas de Crédito”, expresa el pronunciamiento.

Es importante mencionar que, la reforma, busca proteger a los ciudadanos de los abusos y cobros excesivos por parte de las instituciones bancarias. Según la Presidencia, los intentos de revertir su aprobación mediante tácticas como la manipulación del acta de la sesión anterior, constituyen una práctica inconstitucional y contraria al reglamento legislativo.

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Mientras tanto, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es claro: una vez leída el acta, solo pueden hacerse correcciones para enmendar errores sobre la verdad de los hechos, pero no se puede utilizar este procedimiento para invalidar votaciones legítimas ni revertir leyes ya aprobadas en los tres debates requeridos por la Constitución, señala el texto.

Redondo, también hizo un llamado a abandonar prácticas del pasado que, según la declaración, fueron comunes en gobiernos bipartidistas anteriores, como la alteración o reversión de proyectos de ley ya votados mediante la manipulación del acta. “Esas malas prácticas no tienen cabida en este Congreso Nacional del Pueblo, comprometido con el respeto a la Constitución y la legalidad”, puntualizó.