El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advierte que casi nueve de cada diez homicidios de abogados en Honduras permanecen sin resolverse, evidenciando deficiencias en la justicia del país.

Desde 2004, más de 220 profesionales del derecho han sido asesinados, y casi un 90 % de estos casos siguen abiertos, según denunció Blanca Izaguirre, titular del Conadeh.

Altamirano y el riesgo creciente para los profesionales del derecho

El organismo subraya que la vulnerabilidad de los abogados aumenta, especialmente tras el asesinato de René Altamirano, ocurrido el viernes en San Pedro Sula. “La ausencia de investigaciones y sanciones impide esclarecer las verdaderas causas de las muertes y priva a las familias de las víctimas del derecho a la verdad”, sostuvo el Conadeh. Además, urgió al Estado a implementar mecanismos de seguridad efectivos para proteger a los abogados y sus familias.

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Fallas en los mecanismos de protección y respuesta institucional

Desde 2015, Honduras cuenta con un instrumento formal para proteger a defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

Sin embargo, Izaguirre señaló que “no ha funcionado”, criticando la insuficiencia de la respuesta institucional frente a la magnitud del problema.

Contexto del crimen y zonas de mayor riesgo

El asesinato de Altamirano evidencia la gravedad de la situación. Altamirano fue regidor de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en 2013.

Según el Conadeh, lo atacaron supuestamente dos sujetos en motocicleta. Las regiones más críticas son Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho.

Condiciones de seguridad preocupantes y llamado a la acción

El Conadeh destacó que la mayoría de los homicidios ocurrieron en vehículos, viviendas, bufetes u otros espacios públicos, lo que demuestra que las condiciones de seguridad en Honduras “no han sido las más propicias” para proteger la vida de estos profesionales.

Izaguirre expresó su solidaridad con la familia de Altamirano y exigió a las autoridades actuar “con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar a los responsables.

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