La etapa electoral llegó a su fin, pero para los candidatos que participaron en la reciente contienda aún queda una obligación crucial: transparentar el manejo de los recursos utilizados durante la campaña. La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida también como Política Limpia, activó formalmente el proceso de entrega de informes financieros, un requisito que abarca a todos los aspirantes sin distinción de resultados.

De acuerdo con el comisionado Emilio Hernández Hércules, esta fase marca el cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento Político, que exige a cada candidato detallar ingresos y egresos relacionados con su actividad proselitista. La normativa concede un período perentorio para cumplir con esta obligación, el cual ya inició tras la jornada electoral.

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Para facilitar el trámite, Política Limpia amplió la jornada de atención, habilitando un horario continuo desde la mañana hasta la noche. La intención es evitar excusas y permitir que todos los candidatos puedan presentar su documentación sin contratiempos.

“La rendición de cuentas es para todos, hayan ganado o perdido”, ha insistido Hernández, advirtiendo que el incumplimiento activará procesos sancionatorios establecidos por ley, con multas que pueden alcanzar varios salarios mínimos.

La UFTF también replicó una estrategia utilizada en procesos electorales anteriores: el envío de unidades móviles a distintas regiones del país. Esto busca atender especialmente a los aspirantes que viven en zonas alejadas y enfrentan dificultades para trasladarse hasta la capital.

Aunque la institución no cuenta con recursos presupuestarios adicionales para este despliegue, logró apoyo de organismos internacionales como la Unión Europea y el PNUD para desplegar once equipos móviles en puntos estratégicos del territorio nacional.

La UFTF anunció además que publicará un listado detallando quiénes cumplieron y quiénes no con la entrega de informes, alertando al Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a la declaratoria final de resultados. El escrutinio será aún más riguroso para los diputados y alcaldes electos, quienes asumirán cargos con responsabilidad directa sobre fondos públicos.

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Asimismo, se recordó que en las elecciones primarias varios candidatos acumularon sanciones pendientes, algunas de ellas cercanas a los 70,000 lempiras. Si los infractores mantienen su negativa a rendir cuentas, las multas podrían incrementarse y la Procuraduría General de la República tendrá la obligación de continuar los procesos administrativos correspondientes. La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 15 de diciembre.