El Poder Ejecutivo remitió a la Sala de lo Constitucional un informe relacionado con la vigencia del estado de excepción en Honduras, medida que ha sido prorrogada en varias ocasiones como parte de la estrategia de seguridad nacional.

Este documento servirá de base para que la Sala evalúe la admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Según lo informado, la documentación también deberá ser enviada al Ministerio Público, ya que, a criterio de organizaciones de sociedad civil, la extensión del estado de excepción aún no ha sido refrendada por el Congreso Nacional, requisito indispensable según el artículo 187 de la Constitución de la República.

ASJ cuestiona legalidad de la prórroga

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, explicó que el informe entregado por el Ejecutivo únicamente contiene la convocatoria al Consejo de Ministros, las actas de las sesiones y el decreto ejecutivo publicado en medios oficiales.

“Lo que no observamos en estos antecedentes es la ratificación del Congreso Nacional, como lo establece el artículo 187 de la Constitución.

Esto le da fuerza y respaldo a nuestro recurso de inconstitucionalidad, porque es un requisito que debe cumplirse para la imposición de un estado de excepción”, señaló Castañeda.

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Antecedentes del estado de excepción en Honduras

El estado de excepción fue decretado inicialmente en diciembre de 2022 como parte de la estrategia gubernamental para combatir la extorsión y el crimen organizado. Desde entonces, ha sido prorrogado en varias ocasiones, ampliando su alcance a diferentes municipios y departamentos del país.

Diversos sectores han cuestionado la medida por su impacto en las libertades ciudadanas y por la falta de ratificación legislativa en algunas de sus extensiones. La ASJ interpuso un recurso de inconstitucionalidad argumentando que la prórroga no cumple con los requisitos constitucionales, lo que abre un debate sobre la legalidad y legitimidad de la medida.

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Próximos pasos

La Sala de lo Constitucional deberá analizar el informe y decidir si admite el recurso presentado por la ASJ. En paralelo, el Ministerio Público recibirá la documentación para su revisión.

La discusión sobre el estado de excepción se da en un contexto electoral y de alta sensibilidad social, donde más de 6.5 millones de hondureños están convocados a las urnas el próximo 30 de noviembre de 2025.

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