PGR presenta hábeas corpus a favor de consejeras del CNE por desconocimiento de su paradero
La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una acción de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López-Osorio. La institución tomó esta medida tras confirmar que se desconoce el paradero de ambas funcionarias.
La PGR informó que actuó en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, con el objetivo de que el órgano jurisdiccional competente verifique de forma inmediata y directa la situación personal de las consejeras, garantizando la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
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Garantía de derechos fundamentales
Según el comunicado oficial, la acción de exhibición personal busca resguardar derechos esenciales como la libertad, la integridad y la vida, principios que la Constitución de la República reconoce como fines supremos de la sociedad y del Estado. La PGR subrayó que el hábeas corpus constituye un mecanismo jurídico preventivo y garantista, diseñado para evitar vulneraciones a estos derechos.
Impacto institucional y electoral
La Procuraduría advirtió que la incertidumbre sobre el paradero y las condiciones en que ejercen sus funciones las consejeras del CNE no solo afecta a las personas involucradas, sino que también puede repercutir en la estabilidad institucional y política del país.
Además, señaló posibles efectos en la paz social, la seguridad nacional y la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la democracia hondureña.
Seguimiento al proceso judicial
La PGR reafirmó su compromiso de actuar con estricto apego a la Constitución, la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, aseguró que dará seguimiento al trámite que la Sala de lo Constitucional otorgue a la acción presentada, así como a las diligencias que se ordenen.
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La institución enfatizó que los resultados del proceso deberán ofrecer certeza tanto a las personas favorecidas como a la ciudadanía en general, en un contexto marcado por la atención pública al funcionamiento del ente electoral.










