El procurador general de la República (PGR), Dagoberto Aspra, anunció que el gobierno impulsa una nueva Ley Antisoborno para reforzar la transparencia y el control en las contrataciones públicas.

El Congreso Nacional deberá discutir y dictaminar la iniciativa para que se convierta en ley.

Modernización del sistema de compras estatales

Aspra explicó que el anteproyecto se elaboró junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas, tomando como referencia modelos exitosos de países como Chile y República Dominicana.

La propuesta prevé transformar la actual oficina normativa de compras en una Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), que funcionará principalmente con sistemas electrónicos de adquisiciones.

“Esto nos dará certeza y transparencia, porque las operaciones no podrán ser trastocadas por el material humano”, afirmó Aspra.

La nueva agencia incluirá un portal interactivo en tiempo real, un sistema centralizado de adquisiciones, compradores y proveedores certificados, y un catálogo oficial de productos.

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Certificación obligatoria y control de proveedores

La iniciativa establece que las empresas que deseen contratar con el Estado deberán contar con un sistema de cumplimiento antisoborno certificado bajo la norma ISO 37001.

Sin esta acreditación, no podrán participar como contratistas.

El procurador indicó que el mecanismo permitirá identificar posibles conflictos de interés, vínculos con personas políticamente expuestas y situaciones incompatibles con la normativa de transparencia.

“Buscamos que la agenda anticorrupción del gobierno se materialice en acciones concretas y genere una percepción real de lucha contra la corrupción”, subrayó.

Supervisión de denuncias y embargos judiciales

Aspra informó que sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para revisar denuncias contra jueces de jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo Tegucigalpa, Choluteca, Juticalpa y La Ceiba.

Señaló que se activaron mecanismos de supervisión interna para investigar casos que han afectado las finanzas del Estado.

“Fue sorpresivo ver que todas las demandas ya estaban haciendo fila en las arcas del Estado para materializar los embargos”, indicó Aspra, aclarando que el Ministerio Público definirá los resultados finales.

Estas medidas forman parte de una estrategia integral de la PGR para fortalecer la transparencia, modernizar los procesos de contratación y reducir el impacto financiero de litigios contra el Estado.

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