El reciente arresto del diputado Nelson Márquez, acusado de participar en esquema que desfalcó más de 3,000 millones de lempiras, ha reabierto el debate sobre el uso del término “persecución política” como defensa ante procesos judiciales por corrupción.

Analistas políticos han coincidido en que esa narrativa es insuficiente para evadir la responsabilidad penal, y advierten que su uso recurrente debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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“Es una excusa simple que juega con la inteligencia del pueblo hondureño”, señaló el analista Javier Acevedo, al referirse a las declaraciones de algunos implicados que han denunciado ser víctimas de persecución. A su juicio, las acusaciones deben ser respondidas en los tribunales, no en los medios ni con discursos partidarios.

La detención de Márquez, junto a otros vinculados al caso, fue ordenada por un juez que dictó detención judicial, mientras avanzan las investigaciones. Sin embargo, este proceso ha sido criticado por presuntas irregularidades en su ejecución.

Para el analista Olban Valladares, el Ministerio Público (MP) ha actuado con excesivo protagonismo, lo cual podría socavar la legitimidad del caso. “Tengo la impresión que este caso ha sido muy mal manejado, la fiscalía ha hecho una ostentación muy grande de su poder y lamentablemente ha tergiversado o ha violentado los procesos que hay”, opinó, al tiempo que insistió en la necesidad de que las investigaciones se manejen con transparencia y equilibrio.

El caso también ha reavivado críticas sobre la selectividad en la aplicación de justicia. Analistas como German Leitzelar señalaron que otros escándalos, como el de Koriun Inversiones o Sedesol, no han tenido el mismo tratamiento. “Siempre queda ese sinsabor, porque se nota que la celeridad y el funcionamiento de las autoridades no es igual para todos”, expresó.

#OnceNoticias 🟡| Analistas mencionan que implicados en presuntos casos de corrupción no pueden alegar persecución política.

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— Once Noticias (@11_Noticias) August 1, 2025

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Los expertos insisten en que, sin importar el cargo o la afiliación política, los señalados deben someterse al proceso judicial sin utilizar argumentos distractores. En un contexto preelectoral, los analistas piden que se garantice el respeto al debido proceso y que todas las líneas de investigación por corrupción se traten con la misma seriedad, sin favoritismos ni dilaciones.