La incertidumbre y el temor se apoderaron de cientos de personas en varias ciudades del país este martes, luego que el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), asegurara las oficinas de la empresa Koriun Inversiones, investigada por operar bajo un esquema Ponzi.

Ante la posibilidad de perder sus ahorros, los aportantes protestan enérgicamente, en especial en Choloma, Copán y Santa Bárbara.

En Choloma, Cortés, un numeroso grupo de personas se aglomeró afuera del edificio central de la empresa, gritando consignas y exigiendo que no se lleven el dinero.

“Ese dinero es del pueblo”, reclamaban, mientras otros denunciaban haber dejado sus trabajos para invertir en lo que creían era una oportunidad de sobrevivencia económica.

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Disturbios y bloqueos en carreteras

Las protestas escalaron al punto de que varios manifestantes pincharon llantas y rompieron vidrios de vehículos oficiales de la ATIC para impedir el retiro del dinero y hasta el momento continúan con tomas de carretera.

En Santa Bárbara, incluso cerraron con candado las oficinas con los agentes dentro, exigiendo que nadie se llevara los fondos sin una explicación oficial.

El coordinador regional de Derechos Humanos, Javier Carpio, llegó al lugar para intentar mediar. “Queremos que haya transparencia”, dijo a los manifestantes.

Koriun operaba sin autorización financiera

El Ministerio Público confirmó que Koriun operaba sin permiso de la CNBS y sin estar registrada como entidad financiera legal. A través de redes sociales y promesas de un 20 % de rentabilidad mensual, captó más de 86.9 millones de lempiras de unos 35 mil inversionistas, según cifras oficiales.

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El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CNBS fue clave para iniciar la investigación. Las autoridades señalaron que los ingresos se obtenían mediante el mismo mecanismo de estafa piramidal que ha colapsado en múltiples países, y que los administradores de Koriun incluso habrían intentado fugarse del país.

Investigación en curso

Koriun operaba en al menos siete departamentos del país. Las autoridades confiscaron bienes, vehículos y cuentas bancarias, mientras las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables.

Entre tanto, los miles de aportantes piden claridad y garantías de que su dinero no será confiscado sin pruebas ni posibilidad de recuperación. La tensión persiste en varias zonas del país.

Choloma

Santa Bárbara

Copán