Una red de corrupción con más de dos décadas de operaciones

Según las investigaciones, Márquez formó parte de una estructura criminal que operó durante más de veinte años. El Ministerio Público acusa al parlamentario y a los abogados Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala de liderar una red que utilizó contratos simulados, documentos falsificados y laudos arbitrales ilegales para desviar fondos del Estado.

Los pagos millonarios se justificaron con supuestas obras que nunca se ejecutaron. Todo el esquema se habría montado a partir de un contrato irregular adjudicado en el año 2000 a la empresa estadounidense DRC Inc., que luego subcontrató de forma ilegal a la firma hondureña NAINSA. Esta última interpuso demandas fraudulentas basadas en un laudo anulado por la justicia, pero admitido por ciertos jueces y funcionarios.

Posibles nuevas capturas en los próximos días

La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan nuevas órdenes de captura. La operación busca desmantelar por completo una red de corrupción con vínculos en distintas instituciones del Estado, el sistema judicial y el gremio de abogados.

Mientras tanto, la imagen de Márquez siendo escoltado por agentes policiales en traje formal ha causado revuelo en redes sociales, pues muchos consideran que el legislador pretendía asistir a sus labores en el Congreso Nacional el día de su captura.

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