El Ministerio Público, a través de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), presentó requerimiento fiscal contra 15 personas acusadas de integrar la estructura criminal conocida como “Los Cachos”, señaladas por su participación en una serie de hechos violentos que provocaron el desplazamiento masivo de más de 460 familias campesinas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Según las investigaciones, el grupo “Los Cachos”, operaba de forma violenta en varias fincas de la zona, imponiendo su control a través de amenazas, agresiones físicas y actos de intimidación. Los imputados enfrentarán cargos por desplazamiento forzado, privación ilegal de libertad, lesiones agravadas y asociación para delinquir, entre otros delitos.

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Las víctimas forman parte de organizaciones como la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Aguán (COPA), las cuales poseen títulos de propiedad legalmente emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA) sobre más de 1,800 hectáreas de tierra.

Pese a contar con documentación que respalda su tenencia, las familias se han convertido en objeto de ataques armados, amenazas de muerte y actos de tortura, según el informe del Ministerio Público.

El conflicto ha dejado varios heridos y ha obligado a cientos de personas a abandonar sus hogares, incluyendo más de 160 familias de las cooperativas Camarones, Tranvío y El Chile.

Como parte de las acciones del MP, se logró la captura de Juan Carlos Lizama Escalante, señalado como uno de los principales cabecillas de la red criminal.

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