El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del Fondo Vial y otras personas, acusándolos de defraudar al Estado por más de 34 millones de lempiras.

Según el comunicado emitido por la fiscalía, los implicados adjudicaron y suscribieron contratos fraudulentos para el mantenimiento de carreteras no pavimentadas en el departamento de Colón.

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Entre los acusados figuran Hugo Alfredo Ardón Soriano, Hugo Edgardo Álvarez Martínez, José Efraín Peñalba Lizardo, Walter Noé Maldonado Maldonado, Luis Armando Ortiz, Danilo Cervantes Suazo y Juan Carlos Aguilar Mazzoni, todos exfuncionarios del Fondo Vial.

También se imputa a Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias «El Cachiro»): además a Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Gáleas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios y José Manuel Aguilar Matute, representantes de empresas favorecidas.

Las empresas involucradas en este caso son Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR), propiedad de la estructura criminal «Los Cachiros», y Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (TECNISA). Ambas compañías habrían recibido contratos para obras viales, incurriendo en prácticas como la falsificación de firmas, la sobrevaloración de precios, el uso de materiales de baja calidad, pagos ilegales y graves omisiones en la supervisión de los proyectos.

El MP  detalla que mediante pericias de extracción de información se descubrió que Edgardo Pérez Martínez, representante de INRIMAR, habría gestionado pagos y bonos irregulares para beneficiar a funcionarios públicos, a cambio de agilizar los procesos de adjudicación.

Dentro de los favorecidos figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional.

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📌Comunicado del MP a continuación: