El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra una estructura que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014, acusada de desviar más de 96.9 millones de lempiras destinados a la capacitación de jóvenes y mujeres en extrema pobreza en Honduras.

Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), los principales imputados son Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer.

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Junto a ellos, otras 37 personas, incluidos exempleados del PRAF, representantes de ONG’s y empresas, enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos públicos y violación de deberes de funcionarios.

Las investigaciones revelaron que los acusados habrían manipulado 596 contratos provenientes del Bono Juvenil y el Programa DiMujer, adjudicándolos a empresas sin capacidad técnica, conocidas como “empresas de relleno”, para evitar procesos de licitación. Además, se detectó la presentación de informes falsos sobre capacitaciones inexistentes y la fabricación de expedientes para justificar pagos fraudulentos.

Este esquema de corrupción no solo representó un desfalco millonario para el país, sino que también afectó a miles de jóvenes y mujeres, quienes fueron privadas de oportunidades para aprender oficios y desarrollar habilidades técnicas que les permitirían emprender.

Aquí el comunicado sobre requerimiento por caso del PRAF en Honduras:

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El Ministerio Público continúa con las investigaciones y acciones legales contra los responsables de este nuevo caso que sacude Honduras.