Durante 2025, 718 mujeres hondureñas denunciaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

De este total, 350 presentaron quejas formales ante la institución, detallando amenazas, agresiones y riesgos directos que las obligaron a abandonar sus hogares.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que la violencia de género se ha consolidado como una de las principales causas del desplazamiento interno en Honduras.

“Las mujeres y niñas deben abandonar sus viviendas para proteger su integridad frente a agresores conocidos o desconocidos”, señaló Reyes.

Amenazas y agresores identificados

El informe del Conadeh revela que el 38 % de los casos se debe a amenazas directas, mientras que otros factores incluyen homicidios, lesiones, despojo y destrucción de propiedades.

En cuanto a los agresores, el 25 % fueron parejas o exparejas, el 27 %, personas conocidas, y el 16 %, estructuras criminales. Sorprendentemente, el 7 % de las quejas involucran a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, reduciendo las opciones de protección institucional.

En cuanto a la ocupación, las amas de casa concentran el 48 % de las víctimas, seguidas de comerciantes (18 %), docentes (17 %), abogadas (9 %) y enfermeras (4 %).

Estudiantes y periodistas representan el 2 % cada una, lo que evidencia cómo este fenómeno afecta a mujeres de diversos sectores de la sociedad.

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Marco legal y avances institucionales

Honduras cuenta desde finales de 2022 con la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, normativa que busca ofrecer respuestas estructurales a las crisis humanitarias derivadas del desplazamiento forzado.

Organismos internacionales califican esta ley como un gran paso para garantizar mecanismos de prevención y protección frente a un fenómeno reconocido en el país desde 2013.

Acciones y próximos pasos

El Conadeh insiste en reforzar la atención y seguimiento de los casos, garantizando que las víctimas tengan acceso a refugios, asistencia legal y acompañamiento psicológico.

Reyes enfatizó la importancia de que las instituciones estatales y la sociedad civil trabajen de manera coordinada para disminuir la vulnerabilidad de las mujeres y niñas frente a la violencia que provoca el desplazamiento interno.

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