La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exigió a la junta liquidadora del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas presentar un informe oficial sobre el estado de los inventarios, las compras realizadas y las posibles responsabilidades derivadas del manejo de ese proyecto, que operó durante los últimos años bajo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El representante de la ASJ, Edgar Aguilar, señaló que la sociedad hondureña necesita respuestas sobre el destino del equipo adquirido y el manejo de los recursos públicos.

“El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas que operó en los últimos tres o cuatro años, hasta enero de este año, se manejó con mucha opacidad. En primer lugar, se contrató personal que no tenía el criterio técnico que algo así necesita y, en segundo lugar, no hay claridad de cómo se manejaron los procesos de compra, adquisiciones y cuál fue el estado de los inventarios durante ese tiempo”, manifestó Aguilar.

La información debe hacerse pública

El representante recordó que el Gobierno nombró una junta liquidadora para evaluar el programa; sin embargo, aseguró que, tras varios meses de trabajo, aún no se conocen los resultados de esa revisión.

“Sabemos que este Gobierno nombró una junta de liquidación que está haciendo todas las evaluaciones del programa y de los inventarios. Ya pasaron siete meses y el pueblo hondureño necesita ver reportes sobre qué encontraron, cuánto equipo estaba en buenas condiciones y cuánto en malas condiciones”, expresó.

Aguilar insistió en que la información debe hacerse pública para determinar responsabilidades y dar paso a las investigaciones correspondientes.

“Que de acá se deduzcan las responsabilidades y los procesos de investigación pertinentes, pero necesitamos ver ya un reporte oficial de este comité liquidador del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas”, afirmó.

Fiscalía debe aperturar investigación de oficio

Asimismo, sostuvo que los hallazgos deben ser remitidos a las instituciones competentes para que se investiguen posibles irregularidades.

“Dependiendo de los resultados y de los hallazgos de este proceso, se deben empezar las acciones pertinentes por la institucionalidad, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas. Se debe investigar cuáles son estas redes que siempre han existido y que se lucran de procesos que deberían dar resultados”, indicó.

Finalmente, Aguilar lamentó que, pese a la millonaria inversión realizada en el Programa, los objetivos no se reflejaron en una disminución de las pérdidas energéticas.

“Fueron miles de millones de lempiras los que se invirtieron, aunque esa inversión no tuvo los retornos que debimos haber visto en la reducción de pérdidas”, concluyó.

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