Este lunes 8 de septiembre marca un punto de inflexión para más de 55,000 hondureños que residían legalmente en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La cancelación definitiva del programa, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, deja a miles de familias en un limbo migratorio, expuestas a deportación y sin alternativas legales inmediatas.

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“Significa entonces que los hondureños y hondureñas que están allá, muchos de ellos quizás podrán apelar, seguir apelando y hacer cambios en su régimen de estadía en aquel país”, expresó el experto en temas migratorios, Rolando Sierra.

Temor entre los tepesianos

La medida ha generado temor e incertidumbre entre los tepesianos. Muchos han dejado de asistir a sus trabajos por miedo a sanciones legales, y algunos padres optaron por no enviar a sus hijos a la escuela ante el riesgo de ser retenidos por autoridades migratorias

Así mismo, desde Honduras, las autoridades han manifestado que se trabaja en un plan de apoyo para los afectados, además, se han activado programas como Hermana, hermana, Vuelve a casa, y bonos alimenticios y en efectivo para quienes retornen voluntariamente.

Preocupación por posibles cambios en el TPS: Impacto directo en miles de familias hondureñas

Impacto y origen del TPS

El impacto no solo es migratorio, sino también económico y familiar. Según Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, “el país no está preparado para recibir a esta cantidad de connacionales. Hay cerca de 60,000 niños ciudadanos estadounidenses, hijos de tepesianos, que también están en riesgo de deportación”.

La comunidad migrante espera ahora el pronunciamiento de la Corte del Noveno Circuito de California, previsto para el 18 de noviembre, aunque el TPS ya ha sido oficialmente cancelado.

El TPS fue otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch, permitiendo a miles de hondureños vivir y trabajar en EE. UU. por más de 25 años. Sin embargo, el gobierno estadounidense argumentó que las condiciones en Honduras han mejorado lo suficiente como para justificar el retorno seguro de los beneficiarios.

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