El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, emitió un extenso comunicado a través de su cuenta en la red social X, en el que defendió la entrega de subvenciones y subsidios a los diputados.

En su mensaje, Redondo argumentó que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo le otorgan tanto la facultad como la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se deben asignar estos recursos.

Luis Redondo citó el artículo 205, numeral 37 de la Constitución, el cual, según su interpretación, le confiere al presidente del Congreso la potestad de gestionar el presupuesto del Congreso Nacional, así como de decidir sobre las erogaciones, incluidas las subvenciones y subsidios.

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Para aquellos que están acostumbrados a hacer denuncias falsas, sin fundamentos, sin hacer los análisis jurídicos constitucionales, legales y sin pruebas, que constituye el delito de denuncia falsa (artículo 528 del Código Penal).
Y para los que les gusta repetir mil veces una… pic.twitter.com/0QLZY6prdv

— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) November 24, 2024

Además, aseguró que las subvenciones que se otorgan actualmente no deben confundirse con los fondos departamentales, los cuales fueron objeto de investigación y eliminación tras las denuncias de corrupción que llevaron a su derogación.

En su defensa, el presidente del Congreso destacó que las actuales asignaciones no tienen relación alguna con los fondos departamentales, los cuales fueron investigados por la MACCIH, la UCEFIC/UFERCO, y finalmente anulados por el Congreso Nacional en su momento.

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Redondo apuntó que una parte de la oposición política del actual oficialismo, apoyada por organizaciones no gubernamentales (ONGs), intenta desinformar al público al asociar erróneamente las subvenciones actuales con los fondos derogados anteriormente.

Con este mensaje contundente, Luis Redondo buscó aclarar las diferencias entre los fondos legales que gestiona el Congreso y los fondos que fueron cuestionados y eliminados anteriormente, reiterando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley en el ejercicio de su función como presidente del Congreso Nacional.