Luis Redondo advierte sobre riesgos de prevaricación judicial en Honduras
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitió un contundente mensaje sobre la importancia de la legitimidad y legalidad de las decisiones judiciales en el país, ante recientes controversias sobre resoluciones emitidas por tribunales electorales.
Garantía del Estado de Derecho
Redondo enfatizó que el Estado de Derecho y la independencia judicial solo se aseguran cuando jueces y magistrados dictan sentencias válidas y con respaldo legal. “Solo bajo estos principios, las resoluciones adquieren validez jurídica y pueden ser ejecutadas o acatadas por cualquier ciudadano o autoridad”, señaló el titular del Congreso.
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El legislador advirtió que cualquier funcionario o ciudadano que acate o ejecute una orden o sentencia ilegal se convierte en cómplice de delitos y en partícipe de violaciones a la Constitución y las leyes.
Posibles consecuencias de decisiones ilegales
Luis Redondo señaló que si se consumara una vulneración grave del sistema jurídico, se estaría ante un caso claro de prevaricación judicial.
Comparó la situación con la hipotética posibilidad de que la Sala de lo Constitucional dictara sentencias con solo tres magistrados en lugar de los cinco que exige la Constitución, o que la Corte Suprema de Justicia operara con siete magistrados cuando la ley establece quince.
Crítica al Tribunal de Justicia Electoral
El presidente del Congreso aclaró que su preocupación no se centra en el contenido de las sentencias, sino en la legitimidad del Tribunal de Justicia Electoral. Redondo calificó de “aberrante e ilegal” la resolución emitida respecto a la papeleta de Olancho, señalando que este tipo de decisiones deforman por completo el sistema jurídico nacional.
Redondo concluyó instando a todos los actores políticos y judiciales a respetar la Constitución y a garantizar la legalidad en cada resolución, recordando que el fortalecimiento del Estado de Derecho es clave para la estabilidad y la confianza en las instituciones.
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El Estado de Derecho y la independencia judicial se garantizan cuando los jueces y magistrados dictan sentencias con legitimidad y legalidad. Solo bajo esos principios las resoluciones adquieren validez jurídica y, en consecuencia, pueden ser ejecutadas o acatadas por cualquier…
— LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) November 4, 2025









